Cada 36 minutos una mujer colombiana es agredida sexualmente en su vivienda, según indica el Instituto de Medicina Legal y, de acuerdo con cifras del Dane, la tasa de desempleo femenino es casi dos veces mayor que la de los hombres. Es claro que las desigualdades y violencias estructurales que afectan el bienestar y el pleno cumplimiento de sus derechos persisten incluso hoy en día.
A 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing –el plan global adoptado unánimemente por 189 países que trazó una hoja de ruta para promover los derechos de mujeres y niñas–, ONU Mujeres La organización convocó a diferentes organismos para impactar la vida de las mujeres en Colombia a través de la incidencia política, el análisis legislativo y la visibilización de las violencias que enfrentan. La embajada de Suecia, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional aceptaron el reto y participaron en el diagnóstico de las desigualdades que golpean la vida cotidiana de las mujeres y, a raíz de la investigación, plantearon una serie recomendaciones de acciones y programas para transformar esta realidad.
Capacitación de jurados de votación en Corferias. Foto:Registraduría.
Especialmente en esta época de contienda electoral esto es clave, pues pone sobre la mesa una discusión necesaria frente a cuáles son las propuestas que los diferentes candidatos a la Casa de Nariño plantean para atender a las desigualdades de género.
El estudio evidenció una “feminización de la pobreza” por las condiciones políticas, económicas y socioculturales que representan barreras para el libre desarrollo de las mujeres. Encontraron que casi uno de cada dos hogares en el país tienen una jefatura femenina, es decir que el 46,5 del total de hogares colombianos enfrentan un mayor riesgo de vivir en condiciones de pobreza por la desigualdad en el acceso a derechos, recursos y oportunidades. Asimismo, alertaron sobre la brecha salarial pues, en promedio, las mujeres ganan un 6,6 por ciento menos que los hombres. Esta diferencia refleja desigualdades persistentes en el mercado laboral, asociadas a barreras de acceso a ciertos cargos y a una segregación ocupacional, pues muchos sectores donde predominan las mujeres suelen estar peor remunerados.
Estas desigualdades se agudizan cuando se toma en cuenta la carga del cuidado que no es remunerada. “Las mujeres dedican más de cuatro horas que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado (por ejemplo: tareas del hogar, alimentar a su familia, limpiar la casa, cuidar adultos mayores, entre otros)”, asegura el documento de ONU Mujeres. Este trabajo representa el 19,6 por ciento del Producto Interno Bruto y hace parte fundamental del derecho al cuidado, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025, sin embargo, falta mucho para que socialmente y legislativamente se reconozca el trabajo del cuidado.
ONU Mujeres Colombia Foto:ONU Mujeres Colombia
Entre algunas de las recomendaciones que presenta el informe, se habla de modificar la Ley 1561 de 2002 para que el trabajo del cuidado sea reconocido legalmente como una forma de posesión material. En la práctica, esto significaría que esas labores, aunque no generen ingresos ni títulos formales, podrían servir como evidencia de uso u ocupación de un bien físico (por ejemplo, una vivienda), para que la persona que ha realizado ese trabajo pueda reclamar derechos sobre ese patrimonio.
Frente a la protección ante a las violencias, el informe plantea visibilizar en el ordenamiento jurídico la violencia digital, institucional, vicaria y obstétrica. En la misma línea, recomienda elevar la edad mínima de consentimiento sexual a los 16 años, erradicar prácticas como la mutilación genital femenina y eliminar el lenguaje criminalizante para garantizar un acceso seguro y libre a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por otro lado, el llamado de ONU Mujeres invita a crear canales de participación en política para las diversas voces de mujeres, pues sus trayectorias de vida son diferentes; por ejemplo, el 48 por ciento de las mujeres en el país viven en zonas rurales y su realidad se distancia de las condiciones de vida y de los tipos de violencia que enfrentan mujeres, por ejemplo, de los centros urbanos.
Participación en política
Elecciones en Colombia en Corferias. Foto:Milton Díaz/EL TIEMPO
El diagnóstico se centró en recopilar información sobre los obstáculos y las violencias que enfrentan las mujeres en el ejercicio de la política. Con cifras preocupantes —como que solo el 13 por ciento de las alcaldías están lideradas por mujeres—, la iniciativa busca incidir en la transformación de este panorama, especialmente en el actual contexto de campaña electoral.
El informe señala la existencia de una serie de obstáculos estructurales que condicionan el ejercicio político de las mujeres. El más grave es la violencia política: el 78,8 por ciento de las candidatas que participaron en las elecciones de 2023 sufrieron algún tipo de violencia basada en género, la psicológica fue la más frecuente (72,4 por ciento), seguida de la económica (40,6 por ciento) y la sexual (25,4 por ciento). A esto se suma que, según indican, el respaldo partidario es insuficiente.
Por ello, ONU Mujeres recomienda avanzar hacia la paridad en todas las listas y cargos de decisión y propone modificar la Ley 1475 de 2011 para elevar el umbral mínimo de participación femenina en listas del 30 por ciento al 50 por ciento, fortalecer el financiamiento para candidaturas de mujeres, e implementar de manera efectiva la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia política basada en género, incluida su dimensión digital.
Ante este panorama, la pregunta que queda sobre la mesa es si quienes aspiran a la Presidencia tienen respuestas concretas. ¿Qué medidas proponen para erradicar las violencias basadas en género? ¿Cómo piensan cerrar las brechas en el acceso al empleo y reconocer el trabajo de cuidado? ¿Qué lugar ocuparían las mujeres en sus gobiernos?
ELENA BERMÚDEZ RIVERA
Redacción Política
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