El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindehep) hizo pública una denuncia en la que señala presuntos casos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional al interior de la Regional Atlántico.
De acuerdo con esta denuncia, la funcionaria Martha de la Cruz, se encuentra en grave estado de salud tras meses de presuntas situaciones de hostigamiento laboral. El caso genera mayor preocupación debido a que la trabajadora cursa el quinto mes de embarazo.
“Esta situación constituye una alerta institucional de máxima gravedad”, advierte el sindicato en su comunicado, al señalar que la condición de embarazo activa un deber reforzado de protección por parte de la entidad. Para Sindhep, la ausencia de medidas oportunas y eficaces frente al deterioro progresivo de la salud de la funcionaria resulta inaceptable.
Hay más de 10 denuncias por acoso
El sindicato sostiene que no se trataría de un hecho aislado. Según la información que dice haber conocido, existirían más de diez denuncias por presunto acoso laboral en la Regional Atlántico, sin que hasta el momento se evidencien acciones estructurales o correctivas suficientes.
La reiteración de estos señalamientos permitiría advertir, según el comunicado, la posible existencia de un patrón de violencia laboral que afectaría de manera desproporcionada a mujeres trabajadoras.
En el comunicado el sindicato manifesta además su preocupación por el número de denuncias acumuladas desde la posesión de la actual Defensora Regional, en abril de 2023. A juicio del sindicato, la cantidad de señalamientos en un periodo relativamente corto resulta incompatible con la misión constitucional de la Defensoría del Pueblo y con los estándares mínimos en materia de derechos humanos dentro del ámbito laboral.
Exigencias y llamados
En su pronunciamiento, el sindicato exige medidas inmediatas de protección integral para Martha de la Cruz, que incluyan garantías para su vida, su salud, su estabilidad laboral y atención psicosocial especializada, así como la protección efectiva de su embarazo.
Defensoría del Pueblo Foto:Defensoria del Pueblo
También solicita la activación real y efectiva de las rutas contra el acoso laboral con enfoque de género y diferencial, además de la apertura de investigaciones serias, imparciales e independientes sobre todas las denuncias conocidas en la Regional Atlántico.
Sindhep pidió que se adopten medidas administrativas y disciplinarias correspondientes, con garantías de no repetición y protección frente a posibles represalias o revictimización.
En el comunicado, el sindicato advierte que la permanencia en el cargo de la actual Defensora Regional sería insostenible mientras se mantenga el cúmulo de denuncias sin decisiones claras y transparentes que aseguren imparcialidad.
El sindicato también plantea que la situación contrasta con los compromisos públicos asumidos por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en relación con la agenda de género y la protección de los derechos de las mujeres. A juicio de Sindhep, la persistencia de presuntas prácticas de violencia laboral al interior de la institución enviaría un mensaje contradictorio.
“El acoso laboral y la violencia institucional no pueden normalizarse en una entidad cuya misión es precisamente la defensa de los derechos humanos”, señala el documento.
Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias.
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