El abogado del exmandatario venezolano Nicolás Maduro informó a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que su cliente no cuenta con recursos propios para pagar su defensa y que el gobierno de Estados Unidos está impidiendo que el gobierno de Venezuela asuma esos costos, como, según alega, correspondería por ley y costumbre.
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En una carta enviada al juez Alvin K. Hellerstein, a cargo del caso, el abogado Barry J. Pollack explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, modificó una licencia previamente otorgada y eliminó la autorización que permitía recibir fondos del gobierno venezolano para cubrir los honorarios legales del expresidente.
El punto central del reclamo es que, bajo la legislación y la práctica venezolanas, el Estado asume los gastos del presidente y la primera dama. Por ello, cuando el 7 de enero de 2026 los abogados de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, también coacusada en el proceso, solicitaron a OFAC una licencia para representarlos y recibir pagos del gobierno venezolano, lo hicieron bajo ese entendido.
OFAC concedió ambas licencias el 9 de enero. Sin embargo, menos de tres horas después, enmendó sin explicación la licencia correspondiente a Maduro y eliminó la autorización para aceptar fondos destinados a su defensa. La licencia de Flores no fue modificada.
Nicolás Maduro custodiado por agentes de la DEA. Foto: EFE
Según la carta presentada ante el tribunal, los abogados pidieron el 11 de febrero que se restableciera la licencia original. Argumentaron que el gobierno venezolano tiene la obligación de pagar los honorarios, que Maduro tenía una “expectativa legítima” de que así ocurriría y que no puede costear su defensa por otros medios.
“Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de defensa del señor Maduro, OFAC está interfiriendo con su capacidad para contratar abogado y, por lo tanto, con su derecho bajo la Sexta Enmienda a contar con el abogado de su elección”, sostiene el escrito.
El equipo legal también subraya que, desde entonces, OFAC otorgó varias licencias a ciudadanos y empresas estadounidenses para realizar transacciones comerciales con el gobierno venezolano o con entidades estatales, en situaciones que, según afirman, no implicaban consideraciones constitucionales.
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No obstante, la oficina no respondió a la solicitud de restituir la licencia original relacionada con la defensa de Maduro.
Por ahora, la defensa no solicitó formalmente una medida al tribunal. La carta tiene carácter informativo y busca dejar constancia de la situación. Sin embargo, advierte que si OFAC no actúa o niega la petición, Maduro presentará en los próximos días una moción formal para solicitar intervención judicial.
El proceso penal contra Maduro se remonta a 2020, cuando fiscales federales en Nueva York lo acusaron, junto a varios altos funcionarios venezolanos, de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, en lo que denominaron el “Cartel de los Soles”.
Según la acusación, el grupo habría utilizado las estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cantidades de droga con destino al mercado estadounidense.
Durante años, el caso avanzó en ausencia del acusado, quien permanecía en Venezuela mientras el gobierno de Washington ofrecía recompensas por información que condujera a su captura. La situación cambió tras su captura este 3 de enero y la comparecencia inicial ante la corte y la formalización del proceso en Nueva York.
En la audiencia de presentación y lectura de cargos, el juez Hellerstein pidió a la Fiscalía que trabajara con la defensa para asegurar que las licencias de OFAC permitieran una representación “plena y celosa”.
El juez Alvin K. Hellerstein tiene a su cargo el caso de Maduro. Foto:redes sociales
La Fiscalía indicó entonces que había conversado con los abogados y que informaría al tribunal si surgieran inconvenientes.
La controversia actual abre un frente adicional en un caso ya cargado de implicaciones políticas y diplomáticas. La decisión sobre si el gobierno venezolano puede o no financiar la defensa del exmandatario podría derivar en un debate más amplio sobre el alcance de las sanciones estadounidenses y su interacción con derechos constitucionales en procesos penales federales.
Mientras tanto, la defensa y la Fiscalía han comenzado conversaciones para acordar un calendario de escritos en caso de que se presente la moción anunciada. El tribunal podría optar por convocar a las partes antes de que inicie formalmente esa fase procesal y resolver el tema de la financiación de su defensa.
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La próxima audiencia de Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue reprogramada para el jueves 26 de marzo de 2026, a partir de las 11:00 a. m., hora local.
Esta fecha reemplaza la originalmente fijada para el 17 de marzo, tras un aplazamiento acordado entre la fiscalía y la defensa y autorizado por el juez Hellerstein.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
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