“A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, los avances en la mesa sociojurídica con Los Pepes y Los Costeños siguen siendo lentos y, hasta ahora, poco significativos”, advierte el investigador Alejandro Blanco Zúñiga, de la Universidad Libre, al resumir el estado actual de los diálogos urbanos en Barranquilla, un proceso que, según coincide otro experto, atraviesa un momento de estancamiento mientras el Gobierno defiende su hoja de ruta como una apuesta de largo plazo.
El diagnóstico no es menor. En la ciudad y el área metropolitana, la disputa territorial entre estructuras criminales sigue marcando la dinámica de violencia, incluso en medio de intentos de negociación. Aunque hubo una reducción parcial de homicidios durante una tregua reciente, los analistas coinciden en que el proceso no ha logrado consolidar avances estructurales ni generar condiciones claras para una paz urbana sostenible.
Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz, alias Castor. Foto:Archivo particular
En ese contexto, el debate sobre la viabilidad del diálogo se ha trasladado del terreno técnico al político. La falta de consensos entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y los propios actores armados ha terminado por frenar la formalización de la mesa, dejando el proceso en una fase incierta, sin reglas claras ni resultados verificables.
Un proceso ‘lento‘ y sin resultados estructurales
Blanco Zúñiga plantea que, aunque existe un canal abierto, lo que hoy se observa es un proceso incompleto, con más dudas que certezas.
Alejandro Blanco, docente investigador de la Universidad Libre de Barranquilla. Foto:Cortesía
“Al día de hoy, lo que realmente existe es una hoja de ruta aún en construcción, llena de indefiniciones. Si esto no se traduce en el desmonte de sus fuentes de ingreso ilegales, no hay nada”, explica, al señalar que la reducción de violencia no puede depender únicamente de acuerdos informales o treguas temporales.
El investigador reconoce un punto positivo: la apertura de espacios de diálogo con actores criminales mantiene viva la posibilidad de una salida negociada. Sin embargo, advierte que ese avance es insuficiente frente a los retos del territorio.
“Se han abierto algunos espacios de diálogo con distintos actores criminales, lo que al menos mantiene viva la posibilidad de una salida negociada; sin embargo, el panorama se torna sombrío al enfrentar el principal obstáculo: la férrea oposición del alcalde Alejandro Char. Sin el respaldo de la Alcaldía, cualquier acuerdo firmado en Bogotá queda en veremos en los barrios de Barranquilla”, sostiene.
A esto se suma, según Blanco, un ambiente de alta politización que ha convertido el proceso en un escenario de confrontación electoral. “Mientras persista esta dinámica, los avances reales seguirán siendo escasos, y la paz urbana seguirá siendo más un anhelo retórico que una realidad verificable”, concluye.
Estancamiento y tensiones con los grupos armados
El análisis de Luis Trejos, experto en seguridad de la Universidad del Norte, coincide en que el proceso no ha logrado avanzar hacia una fase formal. Su lectura apunta a un bloqueo entre las partes.
Luis Fernando Trejos investigador barranquillero sobre temas de seguridad. Foto:archivo/ EL TIEMPO
“Con este marco se puede afirmar que hay una especie de estancamiento en la medida en que el Gobierno avanza, pero los grupos tienen unos inamovibles y, hasta que el Gobierno no cumpla con eso, ellos no darían el paso hacia la formalización de la mesa”, explica.
Entre esos puntos críticos están las exigencias de los cabecillas, como traslados a cárceles de Barranquilla, reconocimiento como gestores de paz y apertura formal de la mesa, condiciones que, según sus voceros, no se han cumplido.
Trejos también introduce un elemento de tiempo político. Con el Gobierno entrando en su recta final, advierte que una eventual formalización podría interpretarse de manera cuestionable.
“Abrir una mesa formal faltando solo tres meses para que finalice este Gobierno sería no solo una especie de imposición desde el nivel nacional, sino que también dejaría un tufillo a que la mesa, más que resultados de paz, estaría buscando resultados electorales”, señala.
Más actores, más violencia y una estrategia incompleta
El experto advierte además que el enfoque actual podría ser limitado frente a la complejidad del fenómeno criminal en el Atlántico.
“Hoy hay 11 organizaciones criminales disputándose el control del territorio, y aquí solo se estaría negociando con dos. Eso abre muchos espacios para que la violencia siga escalando”, explica, al referirse al reconocimiento hecho por el propio Ministerio de Defensa.
Pedro Sánchez, Mindefensa, anuncia más recompensas por cabecillas de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’. Foto:Archivo
A esto se suma un efecto no previsto de la tregua entre octubre de 2025 y enero de 2026. Según Trejos, lejos de estabilizar el escenario, generó nuevas dinámicas.
“La tregua produjo fragmentación del ecosistema criminal, aparecieron disidentes y nuevos grupos, y además la violencia se desplazó hacia municipios donde antes no teníamos reportes de homicidios ni extorsiones”, advierte.
El analista también cuestiona la falta de articulación institucional. “Se ha impulsado la mesa sin lograr acuerdos con la Alcaldía y la Gobernación, y eso limita cualquier posibilidad real de implementación”, agrega.
La respuesta oficial: una hoja de ruta en construcción
Desde el equipo del Gobierno, David Luquetta, encargado del componente metodológico de la hoja de ruta, defiende el proceso como una estrategia más amplia que trasciende la negociación directa con los grupos armados.
Alejandro Char ha hecho reparos a los diálogos del Gobierno con las bandas en Barranquilla. Foto:Jaiver Nieto Álvarez.
“El documento sirve para orientar la articulación institucional y comunitaria, priorizar intervenciones y territorios, definir reglas y marcos de actuación, y permitir seguimiento y evaluación de avances”, explica.
La propuesta incluye seis líneas de acción: acupuntura social, pedagogía para la paz, cultura ciudadana, apoyo psicosocial comunitario, sistemas de seguimiento y mesas de mediación territorial, además del componente de sometimiento a la justicia.
Sobre este último punto, Luqueta es claro en delimitar el alcance. “La de sometimiento no está orientada hacia el trabajo con las comunidades, sino directamente con los actores, que son dos: Pepes y Costeños, que son los que han manifestado su voluntad de diálogo”, afirma.
“Esto no es finito” Luquetta
Frente a las críticas, Luqueta insiste en que el proceso no puede evaluarse como un esquema cerrado ni inmediato.
Infografía elaborada por Alejandro Blanco Zuñiga. Foto:Cortesía Alejandro Blanco
“Esto no es una hoja de ruta finita. Es una definición orgánica que puede cambiar, crecer o decrecer dependiendo de las condiciones”, señala, al explicar que el enfoque busca adaptarse a la dinámica del territorio.
También reconoce las resistencias políticas. “El proceso tiene detractores muy marcados como Alex Char y Eduardo Verano, por eso hemos querido fortalecer los procesos sociales con las bases, independientemente de la voluntad de los actores institucionales”, afirma.
David Luquetta Coordinador metodológico y operativo de la Hoja de Ruta del Equipo de Paz. Foto:Redes sociales
En cuanto al estado de los diálogos, su diagnóstico es más prudente que el de los analistas.
“Las conversaciones están más o menos quietas, pero nunca se ha dejado de hablar con los cabecillas. La idea es que abracemos la hoja de ruta más allá del proceso, que pueda mantenerse en el tiempo a pesar de las condiciones políticas”, concluye.
El balance deja un escenario mixto. Por un lado, los expertos advierten estancamiento, falta de resultados concretos y riesgos de que la violencia se reconfigure. Por otro, el Gobierno sostiene que el proceso está en fase de construcción y que su impacto depende de una apuesta integral que combine diálogo, intervención social y continuidad institucional.
En la práctica, la paz urbana en Barranquilla sigue en una zona gris: con canales abiertos, pero sin acuerdos formales; con estrategias en marcha, pero sin resultados concluyentes; y con un debate cada vez más marcado por tensiones políticas que, como coinciden los analistas, terminan pesando tanto como las propias dinámicas del crimen.
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