La medida surge tras comprobarse que estas aplicaciones utilizaban la información personal y los contactos de los usuarios como herramientas de extorsión y cobro coactivo o intimidatorio.
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Las extorsiones que realizaban
Las personas eran extorsionadas e intimidadas. Foto:iStock
La investigación administrativa, que culminó con la Resolución 6717 de 2026, recopiló más de 1.500 denuncias de ciudadanos afectados en todo el país.
Según el ente regulador, el patrón de abuso era sistemático: las aplicaciones otorgaban montos inferiores a los pactados, imponían plazos de pago extremadamente cortos —de apenas siete días— y aplicaban tasas de interés desproporcionadas. Sin embargo, la mayor gravedad radicaba en los métodos de cobranza.
Cuando un usuario presentaba un retraso de incluso un solo día, la empresa activaba un mecanismo de presión ilegal. Aprovechando los permisos de acceso al dispositivo móvil, los administradores de las aplicaciones extraían la lista de contactos y la galería de fotos para enviar mensajes amenazantes al entorno social y laboral del deudor.
Las víctimas eran extorsionadas y debían pagar en un plazo mínimo. Foto:iStock
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La resolución es enfática al señalar la gravedad de estas conductas: «La vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales no es una cuestión de poca trascendencia: afecta no solo a quienes son víctimas directas, sino que pone en riesgo los derechos fundamentales de toda la sociedad«. Con este argumento, la SIC justificó la clausura total de la operación de estas plataformas para evitar que más colombianos sean víctimas de extorsión.
La empresa está en liquidación
SIC pidió el cierre de las aplicaciones. Foto:ARCHIVO
Y agregó: «Si bien la gravedad de las conductas justificaba también una sanción económica de hasta 2.000 salarios mínimos (como lo permite la ley), la SIC constató que la empresa se encuentra en proceso de liquidación judicial desde septiembre de 2022, lo que haría ineficaz el cobro de una multa«.
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Ante el aumento de este tipo de servicios digitales, la Superintendencia instó a la ciudadanía a extremar las precauciones antes de instalar aplicaciones de crédito.
Las personas eran extorsionadas si no cumplían con lo requerido. Foto:ISTOCK
Finalmente, el organismo recordó que los titulares de datos personales tienen el derecho inalienable de conocer, actualizar y revocar la autorización sobre el tratamiento de su información.
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Para denunciar prácticas similares, la ciudadanía puede contactarse con la SIC a través de la línea gratuita nacional 01 8000 910 165 o en su sede física en Bogotá.
FELIPE SANTANILLA AYALA
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
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