El proceso de pérdida de investidura contra nueve congresistas investigados o salpicados por el escándalo del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) avanza en el Consejo de Estado.
El alto tribunal, mediante auto del pasado 19 de febrero, ordenó la práctica de pruebas, decretó testimonios y citó a audiencia pública para definir si decreta la muerte política de las senadoras Martha Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez y Liliana Esther Bitar Castilla; de los senadores Julio Elías Chagüi Flórez y Juan Pablo Gallo Maya; y de los representantes Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.
Sneyder Pinilla y Olmedo López junto a 4 de los 6 congresistas miembros de las comisiones terceras. Foto:Archivo particular
La demanda fue interpuesta por el veedor Pablo Bustos, quien pide la pérdida de la curul por el presunto tráfico de influencias y la violación del régimen de inhabilidades y de conflicto de intereses en los contratos que, según la acción, habrían tramitado como parte del entramado para favorecer el curso legislativo de las reformas del gobierno Petro y de sus proyectos económicos.
Para sustentar las causales —que también tienen tipificación penal y por las que ya son indagados o investigados por la Corte Suprema de Justicia (seis de ellos están ad portas de ir a juicio)— el Consejo de Estado ofició pruebas al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía, a la Sala de Instrucción, entre otras entidades.
Entre estas, la copia de las investigaciones del caso UNGRD; los principios de oportunidad de Olmedo López —que aún no está en firme— y de Sneyder Pinilla; así como la orden de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco.
De igual forma, requirió los testimonios de los exdirectores de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, y de la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides. También los de los exministros Bonilla, Velasco y Diego Guevara.
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El paquete probatorio incluye documentos, los registros de las declaraciones de una decena de testigos ante autoridades judiciales y otros soportes relacionados con la actividad legislativa de los congresistas.
Parte de las comparecencias se realizará en audiencias los días 9, 10 y 11 de marzo.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
















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