Con los resultados frescos de las elecciones al Congreso y consultas interpartidistas, la Corte Suprema de Justicia decidirá la suerte judicial de cinco congresistas y un excongresista imputados por cohecho impropio, por su rol en el mayor escándalo de corrupción por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
EL TIEMPO conoció que el debate de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, el 4 y 5 de marzo, fue intenso. No solo porque pedía cárcel y se dio tres días antes de elecciones –lo que enredaría las candidaturas de dos de los investigados que buscan reelegirse–, sino porque hay sobre la mesa una serie de argumentos jurídicos que no se lograron acompasar.
La discusión, que tiene matices como el número de congresistas que deberían ir presos o que merecen ser llamados a juicio, o ambas, será dirimida por dos conjueces. Los abogados Alfredo Rey y Javier Fonseca serán los encargados de destrabar el debate el próximo 11 de marzo.
Karen Astrid Manrique y Wadith Manzur. Foto:Archivo
Rey, de 84 años, es doctor en Derecho y en Ciencias Políticas. Fue juez penal de conocimiento, juez penal del circuito y viceministro de Comunicaciones; este último campo ha sido su fuerte en los últimos años de trayectoria en el derecho. Por su parte, Fonseca es abogado penalista con maestría en Derecho de la Universidad de los Andes.
Por su perfil, hay preocupación en las defensas de los congresistas porque los dos conjueces no están de lleno en el derecho penal.
La Sala tendrá que decidir si llama a juicio y envía a la cárcel a Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
Alfredo Rey y Javier Fonseca, los dos conjueces que decidiráncaso UNGRD. Foto:Archivo particular.
Los aforados son señalados de acondicionar su voto favorable a las iniciativas de Gobierno a cambio de proyectos, financiados con los recursos de la UNGRD, en sus regiones. Se habla de una negociación ilegal, planeada por altos funcionarios del Gobierno como el exdirector del Dapre y prófugo de la justicia Carlos Ramón González, para “apadrinar” congresistas y aceitar proyectos como el de endeudamiento, que requerían el ‘sí’ de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a la que pertenecían los procesados.
En el expediente, más de 1.500 folios, se incluyen testimonios como los del presidente Gustavo Petro, quien el 6 de febrero de 2025, bajo certificación jurada, aseguró que Bonilla le informó de dificultades en el Congreso (para aprobar estos proyectos), pero nunca de presiones particulares.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del DNI. Foto:César Melgarejo EL TIEMPO
Ricardo Bonilla, su exministro de Hacienda, hoy está en prisión junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, este último señalado como la persona que “sembró” el plan criminal para corromper a los miembros de las comisiones económicas.
La Corte también recolectó los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD (López y Pinilla), de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz (también presa por el escándalo) y del exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, quien cuestionó el traslado de 200.000 millones de pesos de la Dian a la UNGRD, en 2023, bajo el argumento de la “falta de cooperación” de algunos congresistas, una tarea que se le habría encomendado al gabinete para aceitar las reformas.
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Así mismo, se detalla en la filigrana de los correos humanos de Diana Carolina Joya (secretaria privada de Olmedo López), las constantes visitas de Karen Manrique y las llamadas de Jaime Ramírez Cobo, quien buscaba con urgencia a su jefe (Carlos Ramón González, exdirector del Dapre) y advertía que “algo en el Congreso se iba a caer”.
Sin embargo, hay diferentes posturas jurídicas en la Sala. Una de estas considera que el proceso está viciado por una falta de procedimiento en el reparto y que debe ser devuelto a esa etapa para subsanarlo. Otra sostiene que, desde agosto pasado, cuando el magistrado ponente puso a consideración la medida de aseguramiento en contra de los procesados y su propuesta fue derrotada, no hay ningún hecho sobreviniente que amerite la detención preventiva.
Por eso, el empate 3/3 de la sesión del pasado 5 de marzo tuvo matices como acusar sin cárcel u ordenar cárcel solo para algunos de los imputados.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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