A un mes de las elecciones, la seguridad del proceso democrático se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Estado. La presencia de actores armados ilegales, los riesgos de fraude electoral y las amenazas contra candidatos han llevado a la Policía Nacional a reforzar su estrategia de prevención y control en todo el territorio.
En entrevista, el general Mauricio Rico, director del Plan Democracia, detalla el despliegue de la fuerza pública, las acciones de inteligencia e investigación y el papel clave de la denuncia ciudadana para garantizar que los electores puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y transparencia
El general Mauricio Rico, director del Plan Democracia. Foto:archivo particular
General, falta un mes para las elecciones. ¿Qué garantías de seguridad se le están dando a la ciudadanía para que pueda salir a votar con tranquilidad?
La ciudadanía puede tener la tranquilidad de que la Policía Nacional va a estar presente en cada puesto de votación del país, acompañando a los electores y velando porque el proceso se desarrolle sin hechos ilegales. Nuestro compromiso es garantizar que las personas puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura. La presencia policial no será únicamente el día de las elecciones, sino que hace parte de un despliegue anticipado que busca prevenir cualquier alteración del orden público, proteger a los ciudadanos y asegurar que el certamen electoral se lleve a cabo con normalidad.
¿En qué consiste la estrategia que se ha implementado para este proceso electoral?
Dentro de la estrategia que ha implementado el director general, el general William Rincón, hay varios lineamientos. El primero tiene que ver con la articulación interinstitucional y la seguridad a todos los candidatos y eventos de proselitismo político. El segundo es la lucha frontal contra los delitos electorales, para lo cual ya hay lineamientos definidos. El tercero es el trabajo de inteligencia e investigación criminal en coordinación con la Fiscalía y la Policía Judicial. El cuarto es la capacitación de nuestros policías. Y el quinto es el desarrollo tecnológico que se va a implementar para los comicios electorales.
¿Qué acciones concretas se han desarrollado para la protección de candidatos, actividades políticas y electores?
Hemos trabajado en la anticipación mediante los Centros Integrados de Inteligencia e Información para el proceso electoral. Estos centros nos ayudan a decantar y ampliar el mapa de prevención y seguridad electoral. Con las alertas, la información y las variables que tenemos —las de la Registraduría y las de la MOE— nos enfocamos especialmente en la presencia de actores armados ilegales y el fraude electoral, sin dejar de lado otras actividades ilegales que se pueden presentar.
Elecciones en Colombia. Foto:Archivo EL TIEMPO
¿Cuántos de estos centros se han realizado y qué impacto han tenido?
Desde que inició prácticamente la carrera electoral, en junio del año pasado, hemos realizado 235 centros integrados. Esto nos ha permitido anticipar, sugerir y proyectar acciones junto con 14 instituciones que participan en el desarrollo del proceso electoral, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la UNP, la DNI, la Registraduría, la Fiscalía y otros organismos de control. Con esta información hemos podido reforzar la presencia de la fuerza pública para acompañar y asegurar el desarrollo del certamen electoral.
¿Qué experiencias previas han servido como insumo para este plan?
Hemos cubierto alrededor de 22 elecciones atípicas en los últimos meses: 18 para alcaldes, tres para gobernadores y una revocatoria. También hubo elecciones de Consejos de Juventud y la consulta popular, donde cerca de cinco millones de votantes pudieron ejercer su derecho. En estos procesos, la Policía Nacional cubrió cerca del 80 % de los puestos de votación, con alrededor de 102.000 uniformados. Esto nos permitió fortalecer procedimientos y coordinaciones con la Registraduría y la Fiscalía.
¿Cuáles son los departamentos que más generan preocupación en materia de seguridad electoral?
El sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño, Cauca, Nariño, Arauca y Norte de Santander. Allí se debe reforzar la presencia de la fuerza pública, tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía. Este trabajo debe ir de la mano con las autoridades locales: alcaldías, gobernaciones y registradores. También la comunidad cumple un papel fundamental como veedora.
¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía para denunciar irregularidades?
Está la plataforma Uriel, la línea 123 y la línea 157, que es la línea anticorrupción de la Policía. A la fecha tenemos 138 denuncias, de las cuales 102 ya están en línea investigativa. Estas investigaciones se concentran en dos líneas: fraude electoral y amenazas a actores políticos, en articulación con la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía.
Policía. Foto:Juan Pablo Rueda / El Tiempo
Teniendo en cuenta antecedentes recientes, ¿se han reunido con actores políticos para brindarles garantías de seguridad?
Sí. Tenemos la mesa de seguimiento electoral, donde participan los partidos políticos y se recogen observaciones e inquietudes. También están los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas para el Proceso Electoral (CORPE). Hemos realizado 29, en las que participaron candidatos y precandidatos a la Presidencia, al Congreso y a corporaciones públicas. Se han atendido 326 esquemas de seguridad, con la participación de 581 hombres y mujeres de la Policía Nacional, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección.
¿Se activará una fase especial del Plan Democracia en los próximos 30 días?
Más que una fase nueva, lo que sabemos es que se va a incrementar la actividad política, los desplazamientos y el proselitismo. Por eso habrá un despliegue logístico encabezado por comandantes de departamento y metropolitanos.nYa hemos atendido solicitudes de 79 candidatos y cubierto más de 2.700 eventos políticos en 31 departamentos y 177 municipios.
¿Cómo se ha preparado el personal policial para este incremento de actividades?
Hemos capacitado a 2.039 policías en seminarios de protección electoral, y a más de 137.000 policías en talleres sobre delitos electorales, roles institucionales y coordinación interinstitucional. Esto facilita la articulación con candidatos, partidos, alcaldes y registradores.
¿Qué les ha indicado el mapa de prevención y seguridad electoral?
Estamos complementando el cuarto mapa. Este nos permite identificar factores que pueden afectar el desarrollo electoral y coordinar acciones con las Fuerzas Militares y la Policía para proyectar presencia y servicios en esos territorios. También se articula con la estrategia del Equipo Especial contra los Delitos Electorales, denominado Ecoded, un grupo especializado en delitos electorales.
¿En qué consiste la estrategia Ecode y cuál es el papel de la Policía?
Esta estrategia cuenta con 583 funcionarios entre policías, fiscales y personal del CTI, además de 325 unidades de investigación criminal en todo el país. El papel de la Policía es la disponibilidad y la reacción inmediata. Cualquier situación que se convierta en denuncia debe tener un trámite expedito, para permitir una actuación judicial oportuna.
Eleeciones. Foto:Yuri CORTEZ / AFP
¿Cómo se reforzará la seguridad en las zonas de frontera?
Habrá un apoyo sustancial de las Fuerzas Militares y un trabajo articulado con registradores. Se verificará que la cantidad de votantes coincida con los registros.
La Policía brinda seguridad para que los registradores, procuradores y autoridades electorales puedan desarrollar su labor sin inconvenientes.
¿Qué se hará frente a posibles presiones de grupos armados sobre comunidades para influir en el voto?
Eso corresponde a investigaciones de la Fiscalía y la Policía Judicial, que requieren denuncia o información ciudadana. La comunidad tiene un papel fundamental. Están habilitadas las plataformas Uriel, la línea 157 anticorrupción y la línea 123 para reportar cualquier situación anómala.
General, en algunas regiones se ha advertido sobre posibles casos de constreñimiento al elector y de instrumentalización de comunidades, incluso de guardias indígenas, por parte de grupos armados.
¿Cómo se está abordando esta situación?
Ese es un tema que está en conocimiento de las autoridades y sobre el cual existen líneas de investigación a cargo de la Fiscalía y de la Policía Judicial. En los casos en que se llegue a tener información o denuncia, se activan los procesos correspondientes para establecer responsabilidades. Aquí es fundamental la denuncia y la información ciudadana. La Policía hará presencia en los territorios para garantizar el desarrollo del proceso electoral, pero la verificación de estos hechos requiere que la comunidad informe oportunamente. El constreñimiento es un delito que se investiga y cuya responsabilidad recae en quienes, por línea de mando, ordenan o ejecutan este tipo de presiones. La participación del ciudadano como veedor es clave para poder mitigar este tipo de situaciones
¿Habrá pedagogía para que los ciudadanos conozcan estos canales de denuncia?
Sí. Se está haciendo difusión a través de televisión, los partidos políticos y la Registraduría para que los ciudadanos conozcan estas herramientas.
¿Cómo se garantiza la seguridad cibernética del proceso electoral?
El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cuentan con herramientas específicas. No soy el competente para explicarlas en detalle, pero la Policía también participa como veedora en esas mesas y se ha informado que existe capacidad de blindaje cibernético.
¿Cuándo comenzará el despliegue de los uniformados a los centros de votación?
Se hará seis días antes de las elecciones. De los 13.494 puestos de votación, la Policía cubrirá cerca del 57 %, es decir, 7.763 puestos, con alrededor de 107.000 uniformados dedicados exclusivamente al certamen electoral. Se suspendieron vacaciones y permisos para contar con cerca del 98 % del pie de fuerza. De estos puestos, 5.842 se encuentran en zonas urbanas y 1.921 en zonas rurales.
Finalmente, ¿qué mensaje le envía a la ciudadanía?
Que confíe en la institucionalidad. El Estado y la Policía Nacional están comprometidos con el blindaje del voto seguro. Invitamos a la comunidad a ejercer su derecho al voto con tranquilidad, pero también a ser veedora, a denunciar e informar cualquier irregularidad para prevenir hechos que afecten el sistema democrático y llevar ante la justicia a quienes intenten alterarlo.
Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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