«El Gobierno quiere lavarse las manos y que seamos los usuarios quienes paguemos lo que ellos no han gestionado», sentenció Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios, seccional Atlántico, al rechazar tajantemente la sobretasa de $8 por kilovatio que el Ministerio de Minas aplicará a los estratos 4, 5 y 6, y a los sectores comerciales e industriales de todo el país, para rescatar financieramente a la empresa Air-e Intervenida.
Esta decisión, confirmada en Barranquilla por el viceministro de Energía, Víctor Paternina, tiene como propósito exclusivo inyectar liquidez a la empresa Air-e, actualmente bajo intervención estatal debido a una crisis financiera profunda.
Según el alto funcionario, la compañía se encuentra en un estado de «cuidados intensivos«, lo que obliga al Ejecutivo a buscar fuentes de financiamiento inmediatas entre los usuarios de mayores ingresos (estratos 4, 5 y 6) y los sectores comercial e industrial para evitar un cese en la prestación del servicio.
El argumento de la ilegalidad
La principal controversia que rodea este anuncio es la base jurídica sobre la cual se pretende realizar el cobro. La Liga de Usuarios del Atlántico ha advertido que una resolución ministerial no tiene el alcance constitucional para imponer cargas tributarias o contribuciones a la ciudadanía, una facultad que recae privadamente en el Congreso de la República. Alarcón recordó que existe un antecedente directo de fracaso jurídico con una medida similar durante la administración anterior.
Viceministro de Energía, Víctor Paternina. Foto:Ministerio de Minas y Energía
«Es ilegal porque el que puede imponer contribuciones, sobretasas, impuestos, es el Congreso de la República. Recordemos cuando el presidente Iván Duque hizo aprobar del Congreso de la República una sobretasa de 4 pesos el kilovatio, también para la costa atlántica. Esto fue demandado y se cayó en la Corte Constitucional y nos tuvieron que devolver esa plata a los usuarios que nos la habían sacado a través de la tarifa. Aquí el gobierno del Doctor Petro quiere aprobar esto a través de una resolución del Ministerio de Minas o de la CREG, lo que tiene visos de ilegalidad«.
Para los críticos, el hecho de que la medida se tramite por resolución y no por ley aumenta el riesgo de que, tras ser demandada, el Estado se vea obligado nuevamente a devolver los recursos recaudados, agravando la incertidumbre en el sector eléctrico.
El Fondo Empresarial: la alternativa que el Gobierno no estaría usando
De acuerdo con la información proporcionada a EL TIEMPO por líderes gremiales, el Estado cuenta con herramientas legales desde el año 2003 para rescatar empresas intervenidas sin necesidad de gravar directamente a los usuarios.
Norman Alarcón es el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. Foto:Cortesía Norman Alarcón
El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue diseñado específicamente para proveer el capital necesario a entidades en crisis. La Liga de Usuarios sostiene que el Gobierno Nacional está «lavándose las manos» al trasladar su responsabilidad financiera a los hogares y negocios.
Alarcón enfatizó sobre este punto: «El Gobierno Nacional, que lleva más de año y medio con el control y administración de la empresa Air-e, no ha cumplido la tarea que lo obliga la Constitución y la ley, que es muy clara: cuando el gobierno interviene una empresa de servicios públicos, debe solventarla y para eso tiene un instrumento que se llama el Fondo Empresarial de la Superservicios. Consideramos que esta es una medida injusta para todos los usuarios. El gobierno no ha querido cumplir la ley que lo obliga a mantener a flote las empresas intervenidas».
Impacto económico en estratos altos y la pequeña empresa
La medida no solo afecta la economía doméstica de los estratos 4, 5 y 6, sino que representa un golpe directo a la estructura de costos de miles de micro y pequeñas empresas que operan bajo la tarifa comercial. Según las estimaciones oficiales, el Gobierno aspira a recaudar cerca de un cuarto de billón de pesos ($250.000 millones) solo en este año.
Este nuevo cobro de $8 por kilovatio se suma a la sobretasa del 20% que ya tributan estos sectores por mandato de la Ley 142 de 1994.
Para los representantes de los usuarios, esto implica una reducción drástica del dinero circulante en la economía regional y nacional, afectando el consumo y la estabilidad de los negocios que aún intentan recuperarse de las altas tarifas de energía registradas en el último año.
«Es una plata grande que dejaría prácticamente de circular y que golpearía pues a todas estas familias y negocios», concluyó Alarcón, instando a las fuerzas vivas del país a oponerse a lo que consideran una carga desproporcionada.
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