El exgobernador de Santander Hugo Aguilar fue llamado a juicio en la Corte Suprema. Esta vez, por presunta corrupción en un contrato para entregar más de 100.000 regalos navideños a los niños del departamento.
El exmandatario ya había estado en el banquillo de los acusados en un proceso por parapolítica, por el que fue condenado a 13 años de cárcel, y en otro por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la Gobernación y la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, del que fue absuelto.
La decisión fue proferida por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Foto:Cortesía
Es uno de los principales caciques santandereanos. Gobernó el departamento en el periodo 2004 – 2007, y posteriormente en cuerpo ajeno, a través de sus dos hijos Richard y Mauricio Aguilar, hasta 2023. También apoyó la candidatura de Didier Tavera, gobernador entre el 2016 y el 2019.
Aguilar fue acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema por las anomalías en la entrega de más de 100.000 juguetes. Durante la audiencia, el ente acusador también puso sobre la mesa las denuncias de amenazas interpuestas por Martín Orlando Mojica, uno de los testigos del caso.
La fiscal señaló que la entidad debía activar su programa de protección de testigos y anunció que, en las próximas horas, «pondrá a consideración un oficio dirigido a la Unidad de Protección de Testigos para que dé prioridad al estudio de riesgo del señor Mojica».
El caso se remonta a 2004. El 23 de enero de ese año, Aguilar delegó en las secretarías de su despacho la facultad de «seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar y adicionar contratos, así como generar órdenes de pago y expedir los actos administrativos derivados de la actividad contractual adelantada en cumplimiento de las funciones de cada dependencia, con cargo al presupuesto de inversión del departamento».
Las solicitudes de disponibilidad presupuestal formuladas por el delegatario debían contar con el visto bueno del gobernador, salvo las relacionadas con gastos de funcionamiento, en las que bastaba el aval del secretario genera.
Reaparece con el alcalde de Suaita Foto:ARCHIVO PARTICULAR
Este contexto es clave a la hora de determinar su responsabilidad en el presunto detrimento del Contrato de Apoyo a Programa de Interés Público de 2007, que fue tramitado y celebrado, según la Fiscalía, «desconociendo requisitos esenciales de la contratación y afectando el patrimonio público».
De acuerdo con el estudio de conveniencia, el contrato y su modificatorio, la necesidad era la compra de juguetes para repartir en diciembre de ese año a los niños del departamento. Fue bautizado como “Aguinaldo Feliz de los Niños del Departamento”, y tuvo un aporte de 650 millones de pesos.
Se contrató la dotación de 130.000 juguetes sin que mediara estadística, medición o diagnóstico alguno. «No existe sustento para haber fijado 65.000 juguetes para niños y la misma cantidad para niñas, en aparente incumplimiento del artículo 25, numerales 7 y 12, de la Ley 80 y del artículo 8 del Decreto 2170 de 2002″, se lee en la acusación contra el gobernador.
Posteriormente, mediante el modificatorio 01 —sin fecha— se redujo la cantidad de 130.000 a 100.000 juguetes y, al mismo tiempo, se incrementó el valor unitario, manteniendo intacto el monto total de 650 millones de pesos.
“Lo cierto es que esta disminución en la cantidad de juguetes y el aumento en su valor individual sin explicación corresponden a una inadecuada, y mejor aún, inexistente planeación del presupuesto oficial del contrato por parte de la Gobernación. Se disminuyó la cantidad de menores favorecidos, pero se aumentó el valor unitario de cada juguete, conservando el valor total de los $650.000.000, lo que en principio, y sin razón alguna, impactaría a 30.000 menores de edad”, dijo la Fiscalía.
Para el ente acusador, el conocimiento y la voluntad de Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo se infieren del «relacionamiento indispensable con su delegado, quien le rendía cuentas de su gestión, dada su condición de máxima autoridad administrativa del departamento». Sostiene que el entonces gobernador conocía el trámite y la suscripción del contrato sin la observancia de requisitos legales esenciales.
Según la Fiscalía, Aguilar Naranjo, en coparticipación con Holger Horacio Díaz Hernández, secretario de Desarrollo y delegado para la contratación; Fanny Gómez de Cárdenas, supervisora del contrato; y María Piedad Solano Gómez, representante legal de Fundacon (el contratista), se habría apropiado en provecho de esta última de 416 millones de pesos, usando como fachada la entrega del aguinaldo a 130.000 niños.
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Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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