En El Rodadero —la vitrina turística más importante de Santa Marta— trabajar ha dejado de ser solo abrir un negocio y atender visitantes. Ahora hay que pagar para vender, operar y no tener problemas.
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Ese sistema clandestino, sostenido por amenazas, llevó a que la Policía Metropolitana por orden del alcalde de la ciudad, desplegara una ofensiva directa contra las estructuras criminales que convirtieron la extorsión en un modelo organizado de control económico.
La operación comenzó con la toma del balneario por parte de unidades especializadas del Gaula, que iniciaron recorridos casa a casa y calle a calle para ubicar a los responsables y retomar la confianza en los comerciantes.
La intervención responde a los compromisos adquiridos en un consejo extraordinario de seguridad convocado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, donde autoridades locales diagnosticaron que El Rodadero se había convertido en el principal punto de influencia de redes extorsivas vinculadas a grupos armados.
Un territorio donde casi nadie trabajaba gratis
“Aquí hasta el que vende mango paga una cuota”, confesó un comerciante durante una reunión con las autoridades.
La policía a través del Gaula pidió a los propietarios de negocios que se animen a denunciar. Foto:Policía nacional
La frase resume una realidad que durante meses se volvió rutina en el sector turístico: pagos periódicos a cambio de una supuesta vigilancia, mediación de conflictos y supuesta protección. Una gobernanza criminal que prosperó en medio del miedo y la falta de denuncias.
Investigadores de la Policía describen la estructura como una empresa ilegal perfectamente organizada. “Tienen base de datos, financieros, cobradores y hasta gatilleros disponibles para presionar cierres o respaldar amenazas”, explicó un investigador vinculado al caso.
Según información oficial, los cabecillas identificados operan bajo los alias de “Rey”, “Zarco”, “El Manco” y “Copete”, señalados de dirigir el sistema de cobros ilegales que terminó estrangulando a pequeños, medianos y grandes negocios.
El esquema funcionaba como un impuesto paralelo: quien pagaba seguía operando; quien no, quedaba expuesto. “Todos ellos tienen un destino la cárcel o el cementerio”, advirtió el alcalde Carlos Pinedo.
La toma policial: presencia total del Gaula
El operativo fue encabezado personalmente por el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, quien lideró las acciones junto al Grupo Gaula y unidades especializadas contra la extorsión (CEAEX).
En El Rodadero comenzaron los operativos para acabar con la extorsión a comerciantes. Foto:Policía nacional
Las estrategias incluyen: vigilancia permanente en zonas comerciales, controles focalizados, análisis de cámaras de seguridad, seguimiento de inteligencia y acompañamiento directo a comerciantes.
Las autoridades aseguran que ya cuentan con alias, rutas de cobro y pruebas documentales suficientes para desestabilizar las estructuras.
“El Rodadero cierra las puertas a la extorsión”, anunció la institución al confirmar que la ofensiva apenas comienza.
El objetivo no es solo capturar individuos, sino desmontar el sistema financiero criminal que se alimenta del turismo.
El miedo: el verdadero enemigo
El mayor reto de la operación no está únicamente en ubicar a los responsables, sino en romper el silencio.
Las acciones se mantendrán para capturar a los líderes de las extorsiones. Foto:Policía nacional
Durante años, comerciantes evitaron denunciar por temor a represalias o porque, paradójicamente, algunos sentían que la “seguridad” ofrecida por los grupos ilegales era más efectiva que la institucional. Otros simplemente no podían pagar.
Pequeños vendedores, carperos y operadores turísticos quedaron atrapados entre amenazas y la necesidad de sobrevivir económicamente.
La extorsión dejó de percibirse como delito aislado y pasó a ser vista como un costo obligatorio del negocio turístico.
La respuesta institucional
La ofensiva policial coincide con una intervención integral liderada por la Alcaldía Distrital. Durante una asamblea con líderes comunitarios, el alcalde Carlos Pinedo aseguró que la recuperación del sector es una prioridad de gobierno.
“La invitación es clara: denuncien, no paguen. En esta ciudad no vamos a permitir que la autoridad sea reemplazada por bandidos”, afirmó el mandatario.
Para la administración, la extorsión no es un fenómeno aislado, sino parte de un deterioro estructural del sector turístico.
Entre los anuncios se encuentran: construcción del colector Tamacá, impulso al proyecto Playa Salguero, reparación de la malla vial, reapertura de vías deterioradas e intervención integral del espacio público.
Una batalla por la economía turística
El Rodadero no solo representa un barrio o un balneario. Es uno de los principales motores económicos del Caribe colombiano. Cada caso de extorsión afecta directamente la confianza de turistas e inversionistas.
Por eso, para las autoridades, recuperar el control del sector implica algo más profundo que mejorar la seguridad: significa restablecer la legitimidad del Estado en un territorio donde la criminalidad llegó a ocupar funciones básicas de regulación económica.
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La Policía insiste en que la estrategia será sostenida y no un operativo temporal. El Gaula mantiene presencia permanente y reiteró el llamado a denunciar a través de la línea 165, garantizando reserva absoluta.
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El cabecilla del Cartel de Jalisco fue abatido. Foto:
Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
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