Un giro contundente tomó el caso del fallido proyecto inmobiliario Torres del Cielo, en el norte de Barranquilla.
La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia declaró responsable a Alianza Fiduciaria S.A. por negligencia grave en la estructuración y manejo del patrimonio autónomo del complejo y la condenó a pagar más de $8.000 millones a los demandantes.
La decisión, emitida el 22 de febrero de 2026 en primera instancia, no solo reconoce el incumplimiento de deberes contractuales, legales y profesionales por parte de la fiduciaria, sino que ordena devolver el dinero a las familias afectadas por la inconclusión del proyecto.
El fallo marca un precedente en el sector financiero e inmobiliario, al establecer que la fiduciaria no puede limitarse a un papel administrativo, sino que tiene obligaciones concretas de análisis, control y protección de los recursos invertidos.
Un proyecto que prometía lujo y terminó en abandono
Torres del Cielo fue concebido sobre cinco lotes en el barrio Villa Santos. El plan incluía un edificio de veinte pisos con dos piscinas, cancha de golf, teatro y otras amenidades de alto nivel.
Vista del edificio suspendido desde 2018. Foto:Kronos
Las ventas comenzaron entre 2012 y 2013, con apartamentos cuyo valor oscilaba entre 400 y 600 millones de pesos. Sin embargo, en 2018 el proyecto fue oficialmente suspendido. Hoy, más de una década después, la estructura permanece inconclusa, con lobby, ventanas, balcones y acabados a medio terminar, rodeados de óxido, escombros y abandono.
Alrededor de 80 familias resultaron afectadas. Muchos compradores invirtieron ahorros de toda la vida, incluso recursos provenientes de pensiones, bajo la promesa de una administración profesional y segura.
Qué encontró la Superintendencia
La sentencia determinó que la fiduciaria omitió obligaciones esenciales: no realizó una evaluación adecuada del proyecto, no analizó correctamente los riesgos, no verificó la solvencia y experiencia del constructor y no adoptó medidas oportunas para proteger los recursos de los beneficiarios.
Para la autoridad financiera, esas omisiones tuvieron consecuencias directas y graves para los inversionistas.
El mensaje es claro: la fiducia no es una figura decorativa. Es una actividad profesional con un estándar reforzado de diligencia y responsabilidad.
Primeras reacciones
Juan Carlos Orjuela Cortés, abogado de las familias afectadas y líder del proceso, calificó la decisión como un punto de inflexión en la protección del consumidor financiero.
“Es histórica no solamente por el monto de la condena ni por el número de personas favorecidas con esta decisión, sino porque envía un mensaje claro al mercado: el rol de una fiduciaria es determinante”, afirmó.
Qué encontró la Superintendencia. Foto:Kronos
Orjuela agregó que la sentencia “llena de contenido el principio de debida diligencia. Algunas fiduciarias han pretendido actuar como simples administradoras formales, pero este fallo deja claro que deben evaluar, supervisar y actuar para proteger a los inversionistas”.
Para el jurista, la relevancia del caso trasciende a las 27 familias que hicieron parte directa de la demanda. “Este precedente impacta todo el mercado inmobiliario. La confianza depositada en una fiduciaria genera deberes exigibles y consecuencias reales cuando se incumplen”, sostuvo.
La condena se perfila como una de las más altas proferidas en Colombia contra una sociedad fiduciaria por su participación en un proyecto inmobiliario.
Aunque la decisión es de primera instancia y podría ser objeto de recursos, el fallo ya envía una señal contundente al sistema financiero: la omisión en la evaluación y control de proyectos inmobiliarios puede generar responsabilidad directa y millonarias consecuencias económicas.
“Desde Orjuela Cortés Abogados agradecemos infinitamente la confianza depositada en nuestra gestión por 27 familias colombianas. Seguimos comprometidos con la defensa de sus intereses”, concluyó el abogado.
El caso Torres del Cielo, que durante años simbolizó frustración e incertidumbre para decenas de familias en Barranquilla, se convierte ahora en un referente judicial que redefine el alcance de la responsabilidad fiduciaria en el país
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