El conflicto entre la Diócesis de Santa Marta y el sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub sumó esta semana una escena inédita incluso para quienes han seguido el caso durante meses: una misa celebrada en medio de una diligencia judicial.
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Este jueves, funcionarios de la Fiscalía, agentes del CTI, policías y un juez ingresaron al cementerio San Miguel para realizar una inspección técnica ordenada dentro del proceso penal que busca definir quién tiene el control legal del camposanto. Mientras los peritos revisaban documentos y tomaban registros, un féretro fue instalado frente al altar. Minutos después, el sacerdote inició la ceremonia religiosa. Nada se detuvo. Ni la inspección judicial ni la misa.
Un proceso judicial que avanza
La diligencia hacía parte de las actuaciones ordenadas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal dentro del proceso que enfrenta el religioso, imputado por la Fiscalía por los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documento privado, relacionados con la presunta apropiación irregular de la administración del cementerio.
Para la Diócesis, la misa es desobediente frente a decisiones canónicas y judiciales. Foto:Roger Urieles
Según la Diócesis de Santa Marta, el sacerdote fue relevado de su cargo parroquial y trasladado a otra capilla, pero se negó a entregar el control del camposanto y habría creado una estructura administrativa paralela para continuar manejándolo.
“El proceso busca restablecer el derecho sobre un bien que pertenece a la diócesis”, explicó durante la diligencia el abogado Diego Fernando Duque Zuluaga, representante legal de la Iglesia.
El jurista señaló que la inspección tuvo como objetivo verificar la situación jurídica y física del lugar mediante un peritaje técnico que servirá como base para una decisión judicial próxima.
“El juez deberá determinar si se cancela el registro que consideramos fraudulento y si se ordena la entrega provisional del cementerio a su propietario titular”, afirmó.
De acuerdo con la defensa de la Iglesia, la decisión podría materializarse voluntariamente o, de ser necesario, con acompañamiento de la Policía Nacional.
Dinero, registros y reclamos de familias
Uno de los puntos más críticos del litigio es el manejo económico del cementerio. La Diócesis sostiene que durante la administración del sacerdote no existió claridad sobre ingresos provenientes de ofrendas, inhumaciones y servicios funerarios, lo que hoy dificulta cuantificar las pérdidas económicas.
El ex sacerdote mantiene el control del cementerio San Miguel. Foto:Roger Urieles
“El problema es que subregistraba los recursos y actualmente la diócesis intenta reconstruir la contabilidad porque los documentos permanecen retenidos”, aseguró Duque.
También indicó que familias han solicitado información sobre restos de sus parientes tras presuntas exhumaciones no autorizadas y reventa de criptas, peticiones que llegan a la Iglesia pese a que esta no tiene acceso administrativo al cementerio.
La defensa: persecución y respaldo de la comunidad
Aunque el sacerdote evitó entregar declaraciones durante la diligencia, su defensa jurídica que si lo hizo sostiene una versión distinta del conflicto.
Una comisión judicial se tomó el campo santo para realizar una auditoría al lugar. Foto:Roger Urieles
Según su abogado, Álvarez Yacub considera que ejerce una administración legítima y que el proceso responde a una disputa interna con la jerarquía eclesiástica más que a irregularidades penales.
La defensa ha insistido en que “el padre cuenta con el respaldo de propietarios de bóvedas y feligreses que reconocen su gestión pastoral y administrativa”.
Bajo este argumento explica, las razones para continuar en el lugar administrando y realizando ceremonias religiosas y servicios funerarios.
Esa fidelidad quedó evidenciada durante la inspección judicial, cuando seguidores del sacerdote confrontaron verbalmente a las autoridades y defendieron su permanencia en el lugar.
“No vamos a dejar que saquen al padre”, gritó un feligrés a la comisión judicial que se tomó el cementerio.
Para el entorno del religioso, su continuidad no representa un desacato sino el ejercicio de una misión espiritual que, aseguran, no puede ser revocada por decisiones administrativas.
Un cementerio convertido en escenario de tensión
La escena del jueves sintetizó el momento actual del caso: duelo religioso y disputa judicial ocurriendo al mismo tiempo.
En los próximos días se deberá definir quién mantendrá el control del cementerio. Foto:Roger Urieles
Mientras una familia despedía a su ser querido entre lágrimas, investigadores revisaban documentos contables y policías custodiaban el templo.
Para la Diócesis, la misa celebrada durante la inspección evidencia una actitud de abierta desobediencia frente a decisiones canónicas y judiciales, pues el sacerdote fue privado de la facultad para oficiar sacramentos.
Para sus seguidores, en cambio, fue una demostración de resistencia y compromiso pastoral.
Lo que viene
La diligencia no implicaba un desalojo inmediato. Su propósito fue recopilar pruebas técnicas que permitan al juez adoptar una decisión en las próximas semanas.
El dictamen pericial determinará si procede la cancelación del registro administrativo cuestionado y la entrega provisional del cementerio mientras continúa el juicio penal. Hasta entonces, el conflicto permanece abierto.
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El sacerdote sigue oficiando misas. La Iglesia insiste en que no está autorizado y la justicia intenta definir quién tiene, realmente, el control del cementerio San Miguel.
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Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
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