Como parte de la investigación formal abierta en su contra en agosto del año pasado por el delito de concusión, el representante del Pacto Histórico David Racero fue citado a indagatoria el lunes 9 de marzo a las 8:30 a. m.
El proceso en su contra lo lleva el despacho del magistrado César Reyes y tiene su génesis en una filtración de conversaciones entre Racero y su conductor, quien hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), pagada con dineros públicos.
Corte Suprema de Justicia Foto:Cortesía
En los chats, Racero le da órdenes relacionadas con su negocio familiar, distintas a las funciones para las que fue nombrado por el Congreso. De acuerdo con las pruebas, se trataba de labores en un fruver ubicado en el barrio Modelia.
Además, se le investiga por supuestamente pedirles parte de su sueldo —lo que coloquialmente se conoce como “tajada”— a sus subalternos.
“¡Eh, Leonardo! No le entregue, porfa, la plata a don Nelson. Yo ya le entregué una que tenía aquí en el carro. Entregue 1 millón para la compra de mañana, porque la idea no es comprar mucho. Además, mañana el mercado no es que sea tan básico. Entonces digamos que él va a estructurar qué comprar, ¿eh? Sí, lo que haya que comprar es más bien cuando usted llegue y hagan la lista entre los dos. Yo creo que eso, Nelson, es como lo básico para mañana y por eso 1 millón por mucho, porque el martes se va a volver a ir. Y el martes, que llega mejor mercado y más barato, ahí sí haríamos una compra de unos 2 millones de pesos”, se escucha en una nota de voz enviada por Racero a su conductor a través de WhatsApp, revelada por Daniel Coronel.
Contrario al fallo a su favor en el Consejo de Estado —que se vio limitado por las pruebas judiciales de verificación de estos chats—, en la Corte Suprema, de hallarse culpable, Racero se enfrentaría —según el Código Penal— a penas de cárcel entre 8 y 15 años por el delito de concusión, con el agravante de su condición de funcionario público.
Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet
Para el penalista Francisco Bernate, de acuerdo con la Ley 890 de 2004, “el servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
El proceso en el Consejo de Estado
En paralelo al proceso penal, el representante Racero enfrentaba una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, que fue resuelta el 18 de febrero a su favor.
El alto tribunal desestimó el testimonio de Jhon Leonardo García, conductor de David Racero, quien, según unos audios filtrados, recibía órdenes sobre tareas ajenas a su función y relacionadas con el fruver La Cosecha del Campo, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Para el Consejo de Estado, “las capturas de pantalla que se adjuntaron con las demandas que dieron lugar a los procesos acumulados no fueron obtenidas directamente de la aplicación de mensajería electrónica ‘WhatsApp’ instalada en el celular desde el cual se originaron o al que iban dirigidos los mensajes, sino que corresponden a las publicadas por medios de comunicación. De allí que lo que prueban esos documentos y audios sea el registro de la noticia o de la información difundida y, por lo tanto, no resulten suficientes para demostrar la existencia y veracidad de los hechos descritos”.
Bienvenidos a La Rotativa Digital: Noticias 24/7 Foto:
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
Deja una respuesta