La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por las alertas de presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Según la Sala Disciplinaria de Instrucción, todo se origina en información divulgada por medios de comunicación que advierte que servidores de esa entidad habrían elaborado “informes de inteligencia sobre una conversación de De La Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones”
Dentro de las pruebas ordenadas, la Procuraduría dispuso escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien, según la pesquisa disciplinaria, aseguró que “sí existieron las famosas chuzadas”, aunque sostuvo que habrían sido “realizadas bajo orden judicial”.
Wilmar de Jesús Mejía. Foto:X.
El órgano de control, dirigido por Gregorio Eljach, también ordenó, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, verificar si efectivamente existió una autorización judicial para adelantar dichas interceptaciones, con el fin de establecer la legalidad de los procedimientos señalados en la información conocida públicamente.
La actuación disciplinaria iniciada por el Ministerio Público busca delimitar los hechos y determinar eventuales responsables para establecer la posible incidencia disciplinaria de las alertas, para lo cual ya fueron decretadas varias pruebas dentro del proceso preliminar
El centro de la controversia está en un trino del presidente Gustavo Petro en el que señaló la existencia de informes elaborados a partir de inteligencia, en los que, según indicó, se incluirían conversaciones entre los hermanos Bautista, de la firma de Thomas Greg & Sons, y De la Espriella, en el contexto de la discusión sobre el contrato de pasaportes.
Presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia
De inmediato, el movimiento Defensores de la Patria, el cual representa a De La Espriella, solicitó a todas las autoridades investigativas investigar los alcances de lo revelado por Petro e indicó que dichas afirmaciones plantean interrogantes sobre el acceso del Gobierno a comunicaciones de un candidato presidencial, lo que, según su postura, podría afectar el desarrollo del proceso electoral.
El pasado 6 de abril, por medio de su cuenta oficial de X, Wilmar Mejía, saliente funcionario de la DNI, respondió que el presidente Gustavo Petro tuvo una pequeña imprecisión al confundir los términos de informe de inteligencia con una orden judicial para interceptar comunicaciones.
En su mensaje, Wilmar Mejía aseguró que «pactaron robarse las elecciones 2026 y hoy se dieron cuenta por qué un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos». Seguido de ello, dijo que el presidente Gustavo Petro, «receptor de información de todo tipo y de distintas fuentes, se enteró y divulgó todo con una presunta ligera imprecisión» y es que «en vez de escribir orden judicial», habló de «información de inteligencia».
Ante la situación, el mismo candidato presidencial le respondió a Gustavo Petro y le dijo que «revisara su sistema de inteligencia. Seguido de ello, negó cualquier relación con la firma Thomas Greg & Sons y lo retó a que si tenía grabaciones de las supuestas conversaciones con los hermanos Bautista, las podía mostrar.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95 en X
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