En diálogo con EL TIEMPO, el investigador Gerson Arias de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP) se refirió al informe revelado por este diario sobre las 14 zonas de guerra que hay en el país.
¿Por qué las disputas actuales entre grupos armados se consideran inéditas en la historia del conflicto en Colombia?
Las 14 zonas de confrontación activas en el país configuran un escenario sin precedentes por su simultaneidad y extensión territorial. En el pasado, las disputas entre las extintas Farc y el Eln se registraron en regiones como Arauca, el oriente antioqueño, Chocó y Cauca, pero ocurrieron en momentos distintos y no de manera concurrente. De igual forma, los enfrentamientos entre grupos paramilitares en zonas como Antioquia y los Llanos Orientales fueron episodios localizados, mientras que los choques entre estos y las guerrillas se dieron de forma esporádica. El escenario actual reúne múltiples focos activos al mismo tiempo, lo que incrementa los impactos en seguridad y en la población civil.
¿Cuáles son los principales impactos humanitarios derivados de estas disputas entre grupos armados?
Las confrontaciones dejan a las comunidades en el centro del conflicto y generan una presión constante sobre los organismos humanitarios. Entidades como la Defensoría del Pueblo, el CICR, la MAPP-OEA y agencias de Naciones Unidas enfrentan mayores demandas de atención. En el terreno se registran confinamientos, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones, amenazas y procesos de estigmatización. A esto se suman incrementos en homicidios en regiones como El Catatumbo y Arauca. Los efectos son diferenciados en mujeres y niños, quienes enfrentan mayores riesgos dentro de estos contextos. Además, las disputas fortalecen el control territorial de los grupos armados, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones.
¿Qué retos operativos e institucionales plantea este escenario para el Estado y la Fuerza Pública?
La multiplicidad de escenarios de confrontación impone dificultades en la operación de la Fuerza Pública, en parte por la ausencia de orientaciones claras para intervenir en conflictos entre grupos armados. Cada intervención requiere planeación detallada debido al riesgo de exponer a las comunidades o de generar percepciones de alineamiento con alguno de los bandos, lo que puede afectar la confianza en las Fuerzas Militares y la Policía. A esto se suma la complejidad de operar en territorios donde los grupos armados no siempre están uniformados, utilizan drones con capacidad de ataque y cuentan con redes de apoyo e inteligencia. Paralelamente, estas disputas generan vacíos institucionales, ya que el miedo limita la interacción de los ciudadanos con las autoridades y, en varios casos, se evidencia ausencia de instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia.
Jesús Blanquicet
Subeditor Justicia
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