Pantallas de celulares cuyos costos de reparación se acercan al valor de un dispositivo nuevo. Programas de software diseñados para bloquear funcionalidades o inhabilitar el dispositivo cuando identifica piezas de repuesto no genuinas.
Tejidos que, tras pocos lavados, pierden su forma y color, haciendo inviable cualquier arreglo. Auriculares inalámbricos sellados con pegamento, en los que un simple cambio de batería supone arriesgarse a dañar el producto.
Esas son historias cotidianas que llevan asociada una pregunta recurrente: ¿reparamos el producto o compramos uno nuevo?
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A veces, cuando las cosas se rompen, es cuando descubrimos quién es realmente su dueño. Hoy por hoy, el poder de prolongar su vida útil o decretar su obsolescencia suele estar en manos del fabricante.
Durante la pandemia de covid-19, muchos hospitales y técnicos biomédicos se encontraron con barreras inesperadas para mantener equipos críticos en funcionamiento.
Desde manuales de servicio difíciles de conseguir o software de diagnóstico restringido hasta presiones legales contra quienes compartían documentación técnica. No era solo un fallo técnico: era una arquitectura de control sobre la reparación.
Disputar la propiedad real de los objetos implica definir democráticamente el derecho a reparar y sus límites. Este derecho no es una abstracción.
Se traduce en demandas muy concretas: acceso a manuales de servicio, disponibilidad de piezas de recambio a un precio razonable, posibilidad de usar herramientas de diagnóstico genéricas y el fin de bloqueos informáticos que penalizan o dificultan la intervención fuera de la red autorizada de servicio.
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Estos conflictos no son teóricos ni excepcionales. Es lo que denuncia, por ejemplo, el agricultor cuando su maquinaria queda condicionada a herramientas y autorizaciones disponibles solo a través del canal oficial. O lo que vive quien cambia la batería de su celular y el sistema muestra un aviso indicando que no puede verificar que la batería sea genuina, limitando además información como el estado de salud de la batería.
Batalla hegemónica
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Frente a esta lógica ha surgido el “movimiento por el derecho a reparar”, que reúne a consumidores, talleres independientes, colectivos hacedores o makers (una versión tecnológica de la cultura del “hágalo usted mismo”), agricultores, activistas de los repair cafés (lugares de encuentro donde voluntarios expertos ayudan a otros a reparar sus objetos) y organizaciones ecologistas.
Estos grupos parten de posiciones ideológicas, motivaciones e intereses muy diversos. Lo remarcable es que todos llegan al mismo punto por caminos distintos y hacen las mismas demandas técnicas: acceso a manuales, piezas, diagnósticos y herramientas.
El movimiento por el derecho a reparar organiza esa diversidad a través de cuatro marcos interpretativos:
1) Los derechos sobre el consumo y la propiedad, es decir, de libertad de elección en un mercado competitivo.
2) Un imperativo medioambiental, la base de una economía circular real.
3) Un acto comunitario de recuperación de saberes en talleres locales.
4) Una condición para la innovación abierta: sin acceso a información y herramientas, se bloquea la capacidad de comprender y mejorar las tecnologías.
Attract, un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, y liderado por investigadores de la Universidade de Vigo, busca comprender mejor el derecho a reparar y sus controversias en el contexto europeo.
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Los resultados preliminares muestran que el conflicto es, más que una suma de demandas particulares, una batalla por la hegemonía. Por eso, los avances legislativos en la Unión Europea son pasos cruciales pero frágiles.
El riesgo es que se ofrezcan soluciones formales, como kits de reparación a precios prohibitivos o documentación deliberadamente críptica, que cumplan la ley mientras mantienen el control sobre las cosas.
Entender esta batalla en toda su complejidad es esencial. No se discute solo sobre tornillos y manuales. Se discute sobre quién tiene la llave del futuro material. Cuando algo se rompe la pregunta no será solo si sabe arreglarlo: será también si el modelo económico vigente garantiza el derecho a intentarlo sin el control y los precios fijados por el fabricante.
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En esa respuesta se define si el mundo que estamos construyendo es uno de autonomía tecnológica distribuida o de dependencia tecnológica administrada.
JAVIER LLOVERAS (*), JÚLIO J. CONDE (**) Y MARIO PANSERA (***)
The Conversation (****)
(*) Investigador “Ramón y Cajal”, Universidade de Vigo.
(**) Investigador posdoctoral, Universidade de Vigo.
(***) Investigador en Organización de Empresas y ERC Starting Grantee, Universidade de Vigo.
(****) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.
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