La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) emitió una advertencia sobre la presunta existencia de una red criminal conocida como el “cartel de la insolvencia”, la cual estaría utilizando mecanismos de engaño dentro de procesos legales de insolvencia para favorecer el incumplimiento de obligaciones financieras y comerciales en el país.
LEA TAMBIÉN
Alerta del sector financiero sobre procesos de insolvencia
Asobancaria informó que ha identificado un incremento en solicitudes de insolvencia que presentan “irregularidades y actuaciones de mala fe” en los últimos dos años.
Según el gremio, aunque este mecanismo legal está diseñado para personas en dificultades económicas reales, estaría siendo utilizado de forma indebida para evadir pagos a acreedores.
Red integrada por abogados, centros de conciliación y deudores coordina procesos de insolvencia. Foto:iStock
LEA TAMBIÉN
Estructura y actores señalados en la red
De acuerdo con la denuncia, el denominado cartel no operaría de manera aislada, sino como una red coordinada. Estaría conformado por “un grupo de abogados asesores” que actuarían junto a centros de conciliación para facilitar trámites irregulares. El objetivo sería permitir el acceso a beneficios de la ley de insolvencia a personas que no cumplen los requisitos o que buscan evitar obligaciones financieras.
Dentro de la estructura se menciona la figura de los “quiroamigos”, personas registradas como supuestos prestamistas para simular deudas inexistentes. Asobancaria indicó que algunos de estos acreedores aparecen de forma reiterada en múltiples procesos y que, en ciertos casos, han sido identificados como personas que se encuentran actualmente “privadas de la libertad”, lo que evidenciaría la suplantación de identidades en los trámites.
LEA TAMBIÉN
Modalidades de operación y creación de deudas ficticias
Las investigaciones señalan una dinámica de “coordinación sistemática” entre abogados y centros de conciliación. En este esquema, profesionales del derecho asociados a acreedores ficticios acudirían de manera recurrente a las mismas sedes para tramitar solicitudes con inconsistencias financieras y jurídicas, con el propósito de “instrumentalizar el trámite legal con fines ilegítimos”.
Una de las prácticas identificadas es la “creación de deudas ficticias”, mediante la cual se incrementa artificialmente el número de acreedores y el monto de las obligaciones. Esto permitiría que los deudores cumplan requisitos formales para acogerse a la insolvencia y, al incluir a los “quiroamigos”, se afectarían los acuerdos de pago con acreedores reales como bancos, empresas y proveedores.
Una de las prácticas identificadas es la creación de deudas ficticias. Foto:iStock
LEA TAMBIÉN
Sectores afectados y alcance de la denuncia
El informe advierte que el impacto de estas prácticas no se limita al sistema bancario. También afectarían al sector solidario, empresas Fintech, compañías de telecomunicaciones y otros actores del sector real. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, señaló: “se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros”.
Entre las consecuencias mencionadas se incluyen la pérdida de confianza en el sistema, reportes en centrales de riesgo, restricciones en el acceso al crédito y posibles efectos de carácter penal para los involucrados.
LEA TAMBIÉN
Posibles implicaciones legales y penales
Desde el ámbito jurídico se advierte que estas conductas podrían constituir delitos. El abogado penalista Iván Cancino afirmó: “los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres que permiten usar su identidad para servir como acreedores ficticios en estos procesos, incurren en conductas punibles”.
Entre los posibles delitos asociados se mencionan “concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento”. Según el mismo jurista, los responsables “pueden terminar en la cárcel”.
Por su parte, Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, indicó que la figura de insolvencia no fue creada para evadir obligaciones, sino para atender crisis económicas reales. También advirtió que los abogados involucrados en prácticas irregulares podrían enfrentar sanciones como la “pérdida de su tarjeta profesional”, además de eventuales penas privativas de la libertad.
Autoridades piden control y sanciones por uso fraudulento del sistema de insolvencia en Colombia.
Foto:iStock
LEA TAMBIÉN
Efectos en el sistema financiero y llamados de control
Asobancaria señaló que el uso indebido de los mecanismos de insolvencia afecta la confianza en el sistema financiero y puede generar mayor restricción en el acceso al crédito, así como un aumento en los costos asociados al financiamiento.
El gremio solicitó el fortalecimiento de los “mecanismos de control y supervisión” para prevenir estas prácticas y reiteró la necesidad de que los procesos legales se utilicen conforme a su finalidad. También advirtió que participar en este tipo de esquemas puede generar sanciones disciplinarias, económicas y penales.
Portafolio
Más noticias en EL TIEMPO
*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Portafolio, y contó con la revisión de un periodista y un editor.
Deja una respuesta