Con nervios y respirando profundo, un niño de solo 11 años, se presentó este miércoles ante la Cámara de Representantes con un testimonio estremecedor. “Vengo a pedirles que, por favor, terminen esta guerra porque nosotros, los niños queremos ser felices”, dijo mientras señalaba un dibujo en el que se ve a un hombre con un fusil y a dos pequeños, con rostro de tristeza, sentados con las rodillas recogidas a un lado de una cancha de fútbol. “Ya no podemos seguir jugando a causa de los actores armados. Aquí estamos nosotros, llorando, porque nos quitan nuestra libertad en los parques, los bosques y los ríos”.
A su voz se sumó la de una niña de Pasto (Nariño), quien lanzó una pregunta directa a los congresistas: “¿Cómo puede alguien estudiar en medio de una balacera? ¿Qué se puede hacer para evitar esto?”. Su pedido también fue por la reparación de los niños y niñas que han sido víctimas del conflicto
Ambos hacen parte del grupo de niños, niñas y adolescentes que, desde distintas regiones del país, llegaron al Congreso para narrar, en primera persona, cómo el conflicto atraviesa sus escuelas y su cotidianidad.
Defensoría reportó que en 2025 se presentaron 361 casos de reclutamiento de NNA Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO.
En pleno mes de la niñez, su presencia tuvo un objetivo claro: presionar el avance del Proyecto de Ley 503 de 2025, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes atenten contra la comunidad educativa y proteger las escuelas en medio del conflicto armado. Así, los congresistas se encontraron con dibujos que, más que ilustraciones, son denuncias de la violencia y evidencian el contraste con el derecho de los niños a aprender en paz
Desde el Alto Baudó, Chocó, también llegó una niña de la comunidad emberá, quien relató cómo la presencia de grupos armados ha afectado su entorno escolar. “La inseguridad también obliga a nuestros padres a no enviarnos a la escuela; a raíz de eso, el estudiante pierde interés y se afecta su salud mental”, dijo con solo 13 años.
A ellos se sumó la voz de otra menor quien le recordó a los congresistas que su labor no es solo escuchar, sino legislar. “Debemos trabajar para que los niños dejen de ser instrumentalizados y para que el Congreso sea un lugar que realmente trabaje por ellos”, afirmó. También insistió en que miles de niños de distintos departamentos esperan que el Congreso no solo los escuche, sino que actúe en su favor.
«Un Eco a la Memoria» del artista caleño, Diego Fernando Sánchez. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
Los menores llegaron a Bogotá desde resguardos indígenas del pueblo Hitnü en Arauca, del pueblo Awá en Nariño, del pueblo Emberá Chamí en Chocó, y de municipios como Buenaventura (Valle del Cauca) y Puerto Concordia (Meta). En sus territorios, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y los ataques contra docentes han limitado el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Actualmente, el proyecto —que recoge los hallazgos del Equipo de Prevención de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), consignados en el informe ‘Ataques a la Educación en Colombia’, el cual documenta la sistematicidad de las agresiones contra escuelas, docentes y estudiantes—avanza en primer debate en la Comisión Primera.
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“Es necesario enviar un mensaje a los grupos armados para que cesen los ataques a la educación. Colombia ocupa el deshonroso cuarto lugar en el mundo con más ataques a la educación, después de Palestina, Ucrania y el Congo. Los niños son los más afectados, porque se quedan sin educación y se compromete el futuro del país”, señaló Giovanni Álvarez Santoyo, director de la UIA, ante la plenaria.
Según el más reciente informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en 2025 estudiantes, docentes e infraestructura escolar han sido blanco de los grupos armados. Cada hora, la vida de un estudiante o docente estuvo en riesgo por causa del conflicto armado. La situación sigue siendo crítica. De acuerdo con la organización, 11.214 personas se vieron afectadas por ataques a la educación entre enero y diciembre de 2025.
Natalia Peláez Sabogal
natpel@eltiempo.com
Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO/Redacción Justicia
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