La situación administrativa de la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) entró en una turbulenta fase este 17 de marzo, luego de que el Ministerio de Educación Nacional compulsara copias penales a la Fiscalía General de la Nación para investigar a los actuales directivos de la institución por hechos que podrían constituir delitos relacionados con corrupción, manejo indebido del gobierno universitario y presuntas irregularidades financieras.
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La decisión, notificada oficialmente, fue difundida por la vicepresidenta de la Fundación Acosta Bendek, Ivonne Acosta Acero, a través de un comunicado dirigido a la opinión pública. Según la información revelada, el Ministerio solicita a la Fiscalía revisar la actuación del conjunto de la cúpula directiva.
Allí dentro se encuentran el presidente del Consejo Directivo, Luis Fernando Acosta Osio, el representante de la Arquidiócesis de Barranquilla Carlos Julio Macia, María Cecilia, Ricardo Rosales Zambrano y el actual rector José Borré Aguilera.
La comunicación señala que las presuntas irregularidades incluyen la toma irregular del control institucional, la designación cuestionada del rector y un posible desfalco superior a 40.000 millones de pesos, relacionado con operaciones financieras a través de empresas de papel y del Hospital Metropolitano.
Una crisis institucional
Edificio principal de la Universidad Metropolitana, Foto:Unimetro
La compulsa de copias ocurre justo cuando el liderazgo universitario ya se encontraba bajo escrutinio judicial. El 29 de enero de 2026, la Fiscalía imputó en contumacia a Luis Fernando Acosta Osio por delitos de tráfico de influencias y tentativa de soborno, señalándolo como presunto determinador de acciones para favorecer sus intereses en la institución.
De acuerdo con los documentos presentados en audiencia, entre 2016 y 2017 Acosta Osio habría buscado la intervención de un senador —condenado posteriormente— para direccionar resoluciones del Ministerio de Educación que permitieran nombrar un rector de su confianza.
En esa misma línea, investigaciones divulgadas por la Fiscalía señalan que el directivo incluso habría ofrecido $200 millones a un juez para influir en una audiencia de restablecimiento de derechos relacionada con la vida jurídica de la institución, hechos que forman parte del material probatorio presentado por el ente acusador.
La vicepresidenta de la Fundación Acosta Bendek, por su parte, ya había solicitado a finales de enero la intervención administrativa inmediata de Unimetro, alegando irregularidades prolongadas y una supuesta omisión del Estado ante denuncias previas relacionadas con el manejo del centro educativo. En esa solicitud, también pidió la separación de los directivos involucrados en procesos penales.
La universidad denuncia persecución
Vista general del campus de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Foto:Unimetro
La Universidad Metropolitana respondió públicamente a esas solicitudes el mismo 29 de enero de 2026, calificando como “infundada” la petición de intervención y afirmando que la imputación contra Acosta Osio “carece de respaldo probatorio”.
En su pronunciamiento, la rectoría denunció una “persecución injustificada” y recordó que la institución estuvo durante años bajo vigilancia estatal a raíz de un desfalco previo —superior a los 30 mil millones— que, según la universidad, ocurrió bajo una administración distinta a la actual. Dicha vigilancia fue levantada en 2023 tras una evaluación del Ministerio que concluyó en su momento que la universidad había recuperado estabilidad académica y financiera.
Con la nueva compulsa de copias, Unimetro vuelve al centro de un conflicto institucional marcado por disputas internas de poder, señalamientos cruzados, investigaciones penales y una creciente presión pública sobre la administración de sus recursos y decisiones académicas.
Lo que viene
Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Foto: Jesús Blanquicet
De acuerdo con la información, el Ministerio de Educación también advierte otros posibles delitos al interior del máximo órgano de gobierno. Además, menciona la existencia de violencia sistémica de género ejercida contra Ivonne Acosta en el marco de los hechos denunciados, razón adicional por la cual el caso fue remitido directamente a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para las investigaciones correspondientes.
La Fundación Acosta Bendek aseguró confiar en que las autoridades judiciales actuarán con diligencia, y sostuvo que estudiantes, docentes y la comunidad académica “merecen transparencia, verdad y justicia frente a los hechos que rodean la administración de la institución”.
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La Fiscalía deberá valorar ahora si las actuaciones señaladas constituyen conductas penales y, en caso afirmativo, definir la pertinencia de imputaciones formales o medidas cautelares. Mientras tanto, distintos sectores de la universidad permanecen a la expectativa de las decisiones judiciales que podrían comprometer seriamente la estabilidad y futuro de la institución.
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