La estrategia de microterritorios anunciada por la Alcaldía de Barranquilla se inscribe dentro de un enfoque que, al menos en el diagnóstico, reconoce con bastante precisión el problema que enfrenta la ciudad: la extorsión territorial, repetitiva y concentrada en puntos específicos, donde convergen estructuras criminales, economías ilegales y silencios forzados de la ciudadanía.
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Desde ese punto de partida, la propuesta tiene elementos técnicamente coherentes con la dinámica real del delito. La decisión de georreferenciar casos, cruzar esa información con la injerencia de estructuras multicrimen y priorizar sectores concretos responde a una lógica que ya ha funcionado en otros contextos urbanos.
Uno de los aspectos más relevantes de la estrategia es la presencia focalizada y constante del Gaula, tanto de la Policía como del Gaula Militar Caribe. En territorios donde la extorsión se sostiene, en gran medida, por la percepción de ausencia del Estado, la permanencia de investigadores y personal de prevención puede tener un efecto disuasivo real, sobre todo frente a actores criminales de bajo o mediano nivel.
Existe una guerra entre bandas como Los Costeños y Los Pepes. Foto:Archivo EL TIEMPO
También es pertinente el énfasis en la construcción de confianza con la comunidad. En Barranquilla y su área metropolitana, uno de los mayores obstáculos para enfrentar la extorsión ha sido históricamente la subdenuncia, alimentada por el temor a represalias, la desconfianza institucional y la normalización del pago como mecanismo de supervivencia económica.
Que existan funcionarios identificables, asignados a sectores específicos y con contacto directo con comerciantes y residentes, puede reducir esa barrera, siempre que la presencia sea sostenida en el tiempo.
Sin embargo, el éxito de los microterritorios dependerá menos de su anuncio y más de su capacidad de permanencia y blindaje. Experiencias previas muestran que cuando estas estrategias no se sostienen de manera continua, las estructuras criminales tienden a replegarse temporalmente, esperar el desgaste institucional y luego retomar el control. En ese sentido, la efectividad real no se medirá en semanas, sino en meses.
El éxito o fracaso de esta medida sólo podrá evaluarse con el tiempo. Foto:EL TIEMPO
El mayor desafío, entonces, será demostrar que los microterritorios no se convierten en islas de control temporal, sino en nodos de una política sostenida contra el crimen organizado. La extorsión en Barranquilla está íntimamente ligada al microtráfico, al control territorial y al uso del sicariato como mecanismo de presión. Atacar solo uno de esos frentes deja intacto el resto del engranaje.
Un conflicto de control territorial que persiste
La violencia asociada al crimen organizado en Barranquilla y varios municipios del Atlántico se trata de un fenómeno estructural, sostenido en el tiempo, que tiene como eje la disputa por el control territorial y de economías ilegales, especialmente la extorsión y el microtráfico, y que afecta de manera directa la vida cotidiana de amplios sectores urbanos.
Barranquilla es la segunda ciudad con más casos de extorsión en el país. Foto:Instagram: @alcaldiabarranquilla
En este escenario, los Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO) —principalmente ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’— mantienen una confrontación abierta o latente por barrios, corredores estratégicos y puntos de recaudo. La violencia que se manifiesta en homicidios selectivos, atentados armados y amenazas responde, en gran parte de los casos, a lógicas de dominación, castigo o advertencia.
La extorsión se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiación de estas estructuras. Comerciantes formales e informales, tenderos, transportadores, contratistas de obras y trabajadores independientes son blanco recurrente de cobros ilegales, ya sea mediante llamadas, mensajes intimidantes o visitas presenciales. Cuando el pago no se concreta, las represalias suelen materializarse en ataques armados, muchas veces ejecutados en lugares visibles y a plena luz del día.
En este contexto, el sicariato se ha convertido en el mecanismo más utilizado para ejercer control. Aunque las víctimas suelen tener algún tipo de vínculo real o presunto con dinámicas criminales ilícitas, en múltiples casos resultan heridos o fallecidos terceros ajenos al conflicto, lo que amplifica el impacto social del fenómeno.
Aunque las autoridades han logrado capturas relevantes y golpes a estructuras específicas, el fenómeno muestra una alta capacidad de adaptación. La fragmentación interna de los grupos, los reacomodos tras operativos policiales y el silencio de muchas víctimas por temor a represalias dificultan la contención sostenida del problema. En ese sentido, los picos de violencia suelen alternarse con períodos de aparente calma, sin que el conflicto desaparezca del todo.
Las tiendas de barrio son de los negocios más azotados. Foto:Policía nacional
Lo que ocurre en Barranquilla y el Atlántico es, en esencia, una disputa prolongada por el control del territorio y de economías ilegales de bajo perfil visible pero alto impacto social.
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Entender esta dinámica es clave para leer los hechos de sangre que se repiten en distintos municipios y para dimensionar un conflicto que, aunque muchas veces se expresa en hechos puntuales, tiene raíces más profundas y persistentes en el norte del país.
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