El 17 de febrero del año 2025 Montería (Córdoba) se estremeció con el hallazgo del cuerpo de la menor de edad, Liz Camila Berrío Toledo enterrado en una parcela ubicada en la vereda ‘Las Cruces’, jurisdicción del corregimiento de ‘Santa Lucía’, área rural de la ciudad.
La jovencita había sido reportada como desaparecida y fue buscada por las autoridades, familiares y amigos, sin poder encontrarla.
Animales que merodean en horas de la noche y la madrugada por las fincas de la región escarbaron en un sector de la parcela y parte del cuerpo de la menor quedó al descubierto.
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Presuntos responsables del crimen Foto:Archivo particular
Ya en la zona se sentía un mal olor propio de un cuerpo humano en estado de descomposición. Los habitantes de la región le dieron aviso a la Policía Nacional. Las unidades encontraron a Liz Camila Berrío Toledo con evidentes signos de violencia, lo que le habría ocasionado la muerte.
El informe de la Policía Nacional indicó que presentaba golpes con arma contundente, heridas con arma blanca y muchas señales de maltrato y tortura. Además, se encontraba desnuda.
Su padre fue el encargado de identificarla en las dependencias de Medicina Legal de Montería, hasta donde fue trasladado el cuerpo.
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Víctima de vejámenes
Presuntos responsables del crimen Foto:Archivo particular
Las investigaciones adelantadas por las autoridades en Córdoba pudieron descubrir que la menor de edad permaneció recluida en un cuarto del rancho construido en la finca donde fue hallada.
El cuarto estaba construido en madera, donde Liz Camila Berrío Toledo habría sido sometida a toda clase de vejámenes, abusada sexualmente y asesinada con heridas de arma contundente y arma blanca.
A las investigaciones sobre el caso se sumaron, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y funcionarios del Ejército de Colombia.
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Varias personas la vieron con dos supuestos amigos y en esa dirección se inició la investigación.
Luego de reunidas las pruebas respectivas, fueron capturados en el centro de Montería, Juan Carlos González Cárdenas y en el barrio Rancho Grande, a Samuel Abel Pérez Reyes, a quienes les imputaron los delitos de, feminicidio con circunstancias de agravación punitiva de abuso sexual, sevicia y ocultamiento del cadáver.
Un Juez de la República legalizó las capturas y los dejó recluidos en un centro de protección. Después de pasado un año y casi tres meses más, la audiencia para declararlos culpables, o inocentes, ha presentado inconvenientes.
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El abogado de la defensa, Jorge Luis Estrella Tirado renunció al caso, al parecer porque la familia de los imputados no tenía recursos para pagarle los servicios.
Todo estaba listo para que el pasado 4 de marzo se cumpliera el juicio oral, pero hubo que aplazarlo. La situación se ha repetido en varias ocasiones y hasta el momento el juicio no se ha podido realizar.
Buscaría preacuerdo
Para la continuación del caso fue nombrado como abogado de oficio, Pedro Martínez Humánez, y la nueva audiencia estimada para el 28 de abril del año en curso, pero también fue postergada, porque el abogado manifestó no estar empapado del caso.
La nueva fecha de la audiencia de juicio oral se fijó para el 21 de mayo del presente año, donde se espera definir la culpabilidad, o la inocencia de los imputados.
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Al parecer habría un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, para que Juan Carlos González Cárdenas acepte los cargos y sea condenado a 37 años de prisión y no a 60 años, como al parecer lo estima los delitos que se le imputan.
Este acuerdo habría sido rechazado por Jhoana Toledo, la madre de la menor asesinada afirmando que, son muy pocos los años de condena ante los delitos cometidos.
El nuevo juicio oral se estará realizando a las once de la mañana del 21 de mayo del año en curso.
Además, te invitamos
a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Francisco Javier Barrios
Correo. Pachoby@gmail.com
X: @barrios_ye2216
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