Para Félix Antonio Muñoz Lascarro, conocido como Pastor Alape, miembro del exsecretariado de las Farc y coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz en Comunes, el fracaso del partido en las elecciones legislativas del 8 de marzo responde a tres factores: la inseguridad en los territorios para hacer campaña, la débil financiación y la estigmatización contra los firmantes de paz.
Por primera vez en ocho años, la colectividad surgida de los acuerdos de La Habana perderá las 10 curules que ocupó por derecho durante dos periodos constitucionales: no alcanzó el umbral y, en consecuencia, perderá su personería jurídica.
En entrevista con EL TIEMPO, Alape habló sobre los factores que influyeron en dicho resultado y lo que viene para los firmantes que apostaron a la política tras la dejación de las armas.
¿Qué lectura hacen de este resultado electoral?
Pastor Alape. Foto:Cortesía ARN
En primer lugar, quedamos satisfechos porque nuestra mirada se limita a la formación política que surge del acuerdo. Nuestra mirada política está en el rumbo que ha tomado el país a partir de nuestra decisión de apostarle con seriedad a la paz y dejar la violencia como parte de la acción política. Eso hace que, por primera vez en Colombia, la izquierda se haya fortalecido y sea hoy un referente político no aislado, como resultado y como primera cosecha grande nacional del Acuerdo de Paz. Entonces, esa es la primera mirada que hacemos. Este es un acuerdo que se firmó para avanzar en términos de democracia en el país.
¿Y frente a las elecciones del 8 de marzo?
Frente al escaso número de votación que alcanzamos, es lógico que esté en el marco de la dinámica política. No solo nosotros alcanzamos una votación pequeña, sino otros sectores políticos que tal vez tienen más maquinaria electoral, más estructura, más experiencia y no cargan sobre sus hombros la estigmatización que llevamos nosotros. Entonces, en este momento tan polarizado que está el país en estas elecciones, hoy somos factor de calumnias, en el sentido de que aún nos ponen como si estuviéramos en armas. Y cada reconocimiento que hacemos no lo asimilan como parte del compromiso que hicimos y que estamos cumpliendo, sino en el sentido de seguirnos condenando, sin reconocer que hay un tribunal para ello. Eso se manifiesta con mucha fuerza en esta gesta electoral, porque parte del lenguaje que se sigue usando en la contienda es el lenguaje del odio, es un lenguaje cercano a la violencia. Ese es el primer elemento que ponemos en el análisis frente a las pasadas elecciones.
¿No fallaron en conectar con el electorado?
Nosotros no pudimos llegar a todo el territorio. Nuestro acumulado histórico está en las zonas rurales, y hoy no podemos asistir a ellas debido a los actores armados que todavía actúan en nuestros territorios. La mayoría de ellos han expresado públicamente que somos objetivo de sus acciones. Entonces, nuestra campaña se limitó a las redes y a conversatorios en las grandes ciudades. De igual manera, enfrentamos una situación económica difícil, porque no tenemos la financiación que tienen otras fuerzas políticas en el país. Todo eso suma. Es decir, para hacer un conversatorio, casi que la gente tiene que llevar la libra de café, otro el azúcar; en esas condiciones estamos desarrollando las campañas. De igual manera, en los territorios no tenemos cómo financiar un equipo o un pregonero; todo depende de la voluntad. Esa es la realidad que tenemos. Y hay otro elemento: competir dentro de la franja de la izquierda. Esa franja se suma a la fuerza mayoritaria; la mayor masa, como se dice en física, atrae el resto. Ese es un fenómeno concreto que hay que entender.
Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Pastor Alape, integrantes de Comunes. Foto:AFP.
¿Es una decepción para ustedes?
No estamos desanimados. Hacemos esta lectura no para conformarnos, sino para seguir articulando y proyectando nuestro accionar, ya sin personería jurídica, pero como fuerza política y social vamos a seguir actuando. Nos estamos proyectando para participar en la campaña presidencial y, de igual manera, en la campaña del año entrante en las territoriales.
¿Qué viene para Comunes después de perder la personería y para los excombatientes que apostaron a la política tras la dejación de armas?
Nosotros seguimos siendo Comunes. Hasta el momento no hay voces que digan que tenemos que cambiar de nombre. Vamos a hacer los ajustes institucionales cuando se dé el proceso de derogatoria de la personería. Hay experiencias de muchas fuerzas políticas que se han movido sin personería jurídica. La Unión Patriótica fue una de ellas y siempre desarrolló su acción política. Hoy también quedan otros partidos en esa situación. Nuestra decisión es mantener la actividad y seguir en la defensa del acuerdo. El acuerdo dice que la fuerza política que surgiera tendría este periodo para participar en la implementación desde el legislativo. Se cumplió el periodo y no alcanzamos a recoger el apoyo ciudadano en votos para mantener la representación, pero vamos a seguir en la acción política, no solo electoral, sino en la implementación de la política pública.
¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el Congreso se quede sin la representación política de los firmantes? ¿Temen que la ausencia de Comunes debilite la defensa política del acuerdo?
Salón Elíptico. Foto:Miltón Díaz. EL TIEMPO. @miltondiazfoto
Aquí nos corresponde desarrollar una acción política de alianzas con representantes al Congreso, en cualquiera de las dos cámaras. La voz directa la perdemos en el Congreso, las iniciativas directas también, pero vamos a seguir actuando en ese camino o sendero de paz a partir de buscar alianzas que tengan representación.
¿Qué balance hacen de estos ocho años en el Congreso? En el imaginario no aparecen grandes acciones promovidas por Comunes…
El balance es positivo. Nuestros representantes se desempeñaron integralmente en apoyar todas las iniciativas legislativas en la implementación del acuerdo y en la transformación de Colombia, el fortalecimiento del Estado y la ampliación de la democracia. Presentaron iniciativas: unas pasaron, otras no tuvieron acogida, pero siempre nuestra representación parlamentaria estuvo muy activa y respondiendo a la misión histórica que les entregó el Acuerdo de Paz. ¿Qué nos pudo haber faltado? Una mayor capacidad para mostrar lo que estábamos haciendo. Tuvimos muchas limitaciones de comunicación. Hay temas que no pudimos poner en el debate público porque había otras prioridades de país. Tal vez por eso muchos sectores del país nos miran como si nuestra representación parlamentaria hubiera estado solo devengando un salario y no desarrollando una serie de acciones legislativas para avanzar en la construcción de democracia.
Hay quienes dicen que, con la baja votación de Comunes y lo ocurrido con algunas curules de paz —como el caso de Carmen Manrique, quien irá presa por el desfalco de la UNGRD—, la representación política surgida del acuerdo recibió un golpe duro. ¿Usted cómo lo ve?
Karen Astrith Manrique, representante. Foto:@KarenManriqueO
La crítica ha sido que unas curules que se establecieron para que las víctimas tuvieran representación han quedado en manos de estructuras tradicionales que han manejado el territorio. Eso ha sido parte de las falencias en los controles que debieron establecerse. Pero ese es el juego de la democracia; así terminó aprobando el Congreso el funcionamiento de estas curules. Eso no indica que haya fracasado. Es una construcción nueva, con desafíos. Lo que demuestra es que hay niveles de vicios muy arraigados en la política del país que se manifiestan por distintos lados.
¿Cómo termina la relación de Comunes con el Gobierno y con el Pacto Histórico?
Seguimos, hasta el último día en el Congreso, apoyando las iniciativas de transformación y las reformas necesarias para fortalecer la democracia. Mantenemos relaciones normales con el Pacto, como parte de la izquierda y el progresismo en el horizonte de la paz. No hay fisuras. No participamos en esta campaña como fuerza dentro de esa alianza, tenemos autonomía, pero no somos adversarios.
¿Les queda algún sinsabor frente a la implementación del acuerdo durante esta administración?
Hay desafíos que deben seguir resolviéndose. Pero también reconocemos que con este gobierno se avanzó un tramo importante en la implementación del acuerdo. Quedan cosas por resolver. Hoy insistimos en la necesidad de restablecer la arquitectura de la implementación, incluida una alta consejería que permita integrar a todos los sectores del Gobierno en el Plan de Desarrollo y el Plan Marco de Implementación. Estamos en un debate por el recorte fiscal y el desmonte de la asignación mensual del 90 % del salario mínimo para los firmantes, tras una resolución de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Eso genera una situación crítica en lo económico y aumenta el riesgo frente a la presión de actores armados.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
















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