Cada 9 de abril, Colombia recuerda y homenajea a los más de 10 millones de víctimas del conflicto armado (entre 1985 y 2025). A las que ya no están, a las que se encuentran desaparecidas y a las que siguen luchando por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los horrores que vivieron. En ese universo tan grande, que representa aproximadamente el 19 por ciento de la población total del país, hay un grupo cuya voz, experiencia con la guerra y trauma han sido invisibilizados.
Los niños, niñas y adolescentes (NNA) también fueron víctimas del conflicto armado: entre 1985 y 2018, 64.084 NNA murieron en el marco de la guerra; entre 1985 y 2016, 28.192 fueron desaparecidos forzosamente; entre 1990 y 2018, 6.496 fueron secuestrados; entre 1990 y 2017, 16.283 fueron reclutados (aunque las estimaciones ascienden a más de 40.000) y entre 1985 y 2019, 3’049.257 fueron desplazados contra su voluntad (las cifras las recoge la Comisión de la Verdad).
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Pese a este panorama, la memoria se ha construido alrededor de lo vivido por las víctimas adultas. El informe final de la Comisión de la Verdad, entregado en 2022, le puso acento a lo que vivieron los menores de edad durante la guerra a través del capítulo No es un mal menor; y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga todos los delitos relacionados con el reclutamiento forzado y la utilización de NNA en el conflicto. De hecho, el año pasado, las Farc reconocieron la responsabilidad por más de 18.000 víctimas que fueron reclutadas siendo menores.
En el marco de la conmemoración de este 9 de abril, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá quiso ponerle el foco a esta población víctima, a la que le asisten unos derechos ulteriores por su condición de vulnerabilidad. Para ello, sacaron una colección de seis libros ilustrados, titulada Cuando los pájaros no cantaban, basada en testimonios de NNA recogidos por la Comisión de la Verdad para hacer memoria sobre las afectaciones que los menores han sufrido durante la guerra.
Isabelita Mercado, cabeza de la entidad, explica la importancia de atender a esta población y habla del trauma que heredan; también reconoce la desprotección en la que ha incurrido el Estado en preservar la vida, la dignidad, la libertad y los sueños de la niñez del país, afectada por el conflicto armado.
Isabelita Mercado, consejera de Paz Bogotá. Foto:Consejería de Paz de Bogotá
¿Por qué desde la Consejería seleccionaron el enfoque de la niñez para conmemorar este 9 de abril?
Los niños y las niñas, desafortunadamente, han vivido el conflicto armado de una manera tan cruda como la han vivido los adultos. A ellos también los han desplazado, torturado, asesinado y secuestrado. Y poco se habla de cómo han vivido el conflicto armado. Adicionalmente, un estudio reciente de la Universidad de los Andes señala que el trauma se hereda de generación en generación. No estamos hablando solamente de la pobreza de una familia desplazada, que se hereda hasta diez generaciones, sino de que el trauma también se traspasa, incluso a generaciones que no vivieron directamente el conflicto armado. Por esa razón decidimos crear los seis tomos de Cuando los pájaros no cantaban, para reconocer y resaltar la memoria en la viva voz de los niños y las niñas y también para que sea una herramienta pedagógica para hablar con ellos del conflicto armado.
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¿Cómo se explica que los NNA heredan el trauma, incluso si no son afectados directamente por un hecho victimizante?
Es un estudio bien particular que parte de una investigación en Medellín, que es una de las ciudades que ha acogido a mayor número de personas desplazadas y víctimas del conflicto. El estudio buscaba comparar los procesos de adaptación de población desplazada y no desplazada. Cuando empezaron a hacer la comparación entre familias que habían sido víctimas del conflicto y sus pares que no lo eran, se dieron cuenta de que, pese a que el hecho victimizante lo había vivido una o dos generaciones encima, las nuevas generaciones podían presentar algunos indicios de ese trauma heredado, como patrones en salud mental asociados con la ansiedad y afectación al desarrollo socioemocional, que son heridas de la guerra que cargan para siempre. Lo que nosotros queremos es que al final los hechos relacionados con el conflicto no definan a los niños para siempre.
Obra ‘Un Eco a la Memoria’ del artista caleño, Diego Fernando Sánchez retrata un niño víctima. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
¿Qué hay detrás de la decisión de las víctimas de llegar a las grandes ciudades, donde el desarraigo puede ser mayor?
Las víctimas llegan a ciudades como Bogotá, Medellín o Cali en búsqueda de oportunidades y del modelo de atención que pueden recibir debido a su desplazamiento. Desafortunadamente, Colombia es un país donde no cesa el número de víctimas que produce. Ya superamos los 10 millones de víctimas, de los cuales hoy son sujetos de atención más de 7’800.000. Somos uno de los países que mayor número de desplazados tiene en el mundo, junto a países como Sudán, Siria, Afganistán y la misma Ucrania. Eso hace que, ante tal magnitud, la presión y lo que implica atender a una víctima sea costoso. Por eso se hacen tantas preguntas frente a si vamos a ser capaces de reparar a este número de víctimas o si no lo lograremos. Por otro lado, las ciudades grandes, como Bogotá, Medellín y Cali tienen un músculo financiero que les permite brindar atención relacionada con alojamiento, alimentación y acceso a bienes y servicios de la ciudad, como colegios, programas de alimentación escolar, jardines infantiles, salud. La situación es muy distinta en municipios rurales que no tienen la infraestructura, la capacidad y el músculo financiero para asegurar esa atención.
Desafortunadamente, Colombia es un país donde no cesa el número de víctimas que produce. Ya superamos los 10 millones de víctimas, de los cuales hoy son sujetos de atención más de 7’800.000
¿Cree que el Estado sí será capaz de reparar a todas las víctimas del conflicto?
Hay que reconocer que Colombia tiene el programa de reparación administrativa más ambicioso y extenso del mundo. Desde el 2011, el país se puso la meta de reparar a todas las víctimas del conflicto armado. Cuando se expide la Ley de Víctimas eran 3 millones de víctimas, hoy son más de 7 millones quienes son sujetos de atención, y ningún programa en el mundo es así. Si uno revisa otros programas de reparación administrativa, como el de Perú, Guatemala o Indonesia, ninguno supera los 200.000 habitantes. Ahora hay que hacerse la pregunta de cómo reformulamos el programa para que, efectivamente, seamos capaces de cumplirlo.
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¿Cree que este panorama lleva a un desgaste de la conversación pública alrededor del proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición?
Efectivamente hay un agotamiento de la sociedad. Una de las cosas en las que nosotros hemos avanzado como país es en reconocer la justicia transicional como herramienta, en la que la reparación está en el centro. Sobre esto hay un consenso internacional. La reparación no es solo monetaria o material, sino que implica otros componentes, como es la verdad, medidas de rehabilitación, acciones de memoria que contribuyan a la satisfacción y la restitución de la situación a como era antes de que ocurriera el hecho victimizante. Todo eso requiere un esfuerzo institucional gigantesco y voluntad política. Hemos dado pasos en entender que la verdad no puede ser únicamente judicial, porque es muy difícil, avanza de manera lenta y, muchas veces, no satisface todas las preguntas que tiene una víctima. Por eso se hace el esfuerzo de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dos entidades extrajudiciales que buscan allanar este camino hacia la construcción de la verdad que necesitan las víctimas. Lograr que todos estos componentes empaten y avancen, de una manera equilibrada y sostenida en el tiempo, es muy difícil porque requiere un esfuerzo fiscal y una voluntad política que va más allá de los gobiernos de turno. Por eso, en un país con un escenario fiscal complejo o con recursos limitados, esta tensión puede generar agotamiento y desgastar el debate público. Por otro lado, y desafortunadamente, lo que también ha pasado en el país es que se ha politizado este tema. Y eso no debería de ocurrir, porque las víctimas tienen derecho a la reparación integral, a la verdad y a la justicia. Esto no debería ser parte del debate público. No es algo opcional, sino obligatorio. Cuando se negoció la JEP, se hizo bajo la sombrilla del Estatuto de Roma, donde había unas líneas rojas que como país no podíamos transgredir.
Reclutamiento forzado de menores. Foto:Particular
Hablaba de Perú, Guatemala, Indonesia… me surge la duda de si esos países u otros implementaron un enfoque diferencial para la niñez víctima. ¿O Colombia es pionera en el tema?
Creo que Colombia puede ser pionera en esto. El momento en que se dan estas negociaciones es distinto al momento político de cuando se dieron los diálogos en esos otros países. Ya había un bagaje y un avance a nivel internacional en cuanto a las convenciones que protegen los derechos de los niños y las niñas, el protocolo facultativo que prohíbe su participación en conflictos armados, entre otros. Ese andamiaje institucional-internacional también obligó a que el enfoque de niñez haya estado tan presente y, sobre todo, el enfoque de niñez que va más allá del reclutamiento. Pues, por lo general, cuando un país hace una transición de un escenario de guerra a uno de paz los esfuerzos se concentran mucho en la desvinculación de los menores de edad de las armas. Y en el país se ha visto que los menores no son víctimas solamente del delito de reclutamiento, sino de secuestros, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual, entre otros.
Por lo general, cuando un país hace una transición de un escenario de guerra a uno de paz los esfuerzos se concentran mucho en la desvinculación de los menores de edad de las armas
Una de las conclusiones de Diana Britto, encargada del capítulo especial sobre la niñez del informe de la Comisión de la Verdad, es que Colombia es un país que no cuida a sus niños. Aunque han pasado cuatro años del informe, ¿comparte esa visión?
Sí, el país ha descuidado a la niñez y cómo se debe de abordar el trauma del conflicto. Se nos ha vuelto paisaje que las cifras de reclutamiento vayan en aumento. Por ejemplo, el año pasado, con la situación en el Catatumbo, el desplazamiento masivo aumentó en el país en un 300 %. ¿Cuántas de esas personas, que solamente las de Catatumbo fueron más de 85.000, eran niños y niñas? ¿Y qué estamos haciendo para entender y abordar lo que ellos vivieron y que eso no los defina para siempre? Seguimos cargando un lastre, sin cumplir el rol que debemos asumir con enfoque diferencial.
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Además de lo que menciona, ¿qué otros temas en mora tiene el Estado frente a la niñez víctima?
La orfandad y la recomposición familiar, luego de una separación producida por el conflicto. Por ejemplo, los padres y las madres se fueron y dejaron a los niños bajo el cuidado de otro familiar. Por las condiciones de seguridad del territorio, es muy difícil volver a reunificar a esa familia. También está el tema de los niños y las niñas desaparecidos en el marco del conflicto. Hoy muchos pueden estar vivos, por lo que hay que hacer un esfuerzo gigante por cruzar los registros administrativos para encontrarlos.
¿A qué apelan cuando reiteran la importancia de reconocer la agencia de la niñez víctima del conflicto armado?
Respetar la agencia de la niñez pasa, en primer lugar, por escuchar y reconocer su voz. La memoria tradicionalmente se ha construido desde la visión y la voz de los adultos, cuando los niños y las niñas tienen también sus formas de contar cómo vivieron el conflicto, qué sintieron, qué escucharon de los adultos. También respetar su agencia implica escuchar sus necesidades cuando llegan a una ciudad. Por ejemplo, producto de escucharlos, en la Consejería sacamos un kit de estabilización psicosocial para que identifiquen sus emociones, que cuenta con actividades pedagógicas para saber tramitarlas, entre otras herramientas.
Desplazamiento en el Catatumbo Foto:Cortesía
¿Qué futuro le espera a un país que ha permitido que los niños vivan el horror de la guerra?
Colombia ha sido un ejemplo exitoso de que un país puede avanzar en materia de reparación integral, que es un propósito que es loable, pero, sobre todo, lograble. Yo creo que estamos a tiempo, de cara al nuevo gobierno, de hacer un estudio de cómo se pueden sacar recursos adicionales y refinanciar la estructura de la implementación de la política pública de víctimas. Hoy muchos niños y niñas víctimas del conflicto ya no son menores; están en una edad productiva, entre los 18 y los 28 años. Los esfuerzos también se deben enfocar para que accedan a la educación superior y a trabajo, que no se queden en la categoría de los ninis.
Natalia Tamayo Gaviria
Subeditora Domingo
X: @nataliatg13
















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