La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 (emergencia económica), pero solo en lo relacionado con la garantía del aseguramiento en salud tras la equiparación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El concepto, radicado dentro del expediente RE-387 del alto tribunal, respalda la declaratoria de emergencia económica y social “únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación”. Recordemos que a finales de enero pasado, la Corte Constitucional suspendió un decreto originado en la Presidencia, con el objetivo de prevenir posibles daños irremediables al aparato económico del país.
Es decir, la Sala Plena le puso freno a la iniciativa gubernamental para evitar “daños irreparables” en el recaudo de tributos de vigencia inmediata que, por la vía ordinaria, requerían aprobación del Congreso.
Lo que dice la Procuraduría
El Ministerio Público solicitó que se declare la inexequibilidad del decreto en lo que tiene que ver con otros frentes de gasto. De manera expresa pidió excluir los recursos dirigidos al sector defensa, a la Unidad Nacional de Protección, a la atención de emergencias por desastres naturales, al pago de sentencias judiciales y a obligaciones atrasadas.
Sede de la Procuraduría General de la Nación. Foto:Procuraduría
En palabras del concepto, se trata de que se declare la “Inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en lo relacionado con los hechos y consideraciones asociadas a (i) la necesidad de recursos en el sector defensa y en lo concerniente a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, (ii) la atención de la emergencia causada por el desastre natural, (iii) el pago de sentencias judiciales, y (iv) el pago de obligaciones atrasadas”.
El Ministerio Público fundamentó su posición en la necesidad de garantizar el derecho a la salud a través de la disponibilidad de recursos para la equiparación de la UPC. Señaló que esa disponibilidad “es una de las formas de garantizar el derecho a la salud de los usuarios” y recordó que el sistema arrastra tensiones desde hace varias décadas, con antecedentes como la Sentencia T-760 de 2008.
Se espera que en febrero próximo se resuelva la tutela. Foto:Cortesía Corte Constitucional
El concepto también expone que el sector salud enfrenta factores acumulados, entre ellos cambios demográficos, ampliación del catálogo de enfermedades raras y huérfanas, aumento de costos asociados a innovación y desarrollos tecnológicos, así como dificultades en la sostenibilidad financiera y en el acceso a los servicios. Según el documento, esa confluencia ha incidido en la garantía efectiva de los derechos de los usuarios.
En su análisis, el Ministerio Público sostuvo que corresponde al Estado ejercer funciones de dirección, regulación, inspección, vigilancia y control. Mencionó que se han adoptado medidas como intervenciones administrativas a EPS, ajustes regulatorios y activación de competencias de distintas entidades, con el propósito de asegurar cobertura, suministro de medicamentos, agendamiento de citas y condiciones para el personal de la salud.
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Al cerrar el concepto, la Procuraduría reiteró su solicitud a la Corte Constitucional para que limite la exequibilidad del decreto al componente de aseguramiento en salud y excluya los demás rubros incluidos en la declaratoria de emergencia económica y social en todo el territorio nacional.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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