Por un lado, la Corte Constitucional sigue estudiando la legalidad de la reforma pensional aprobada por el Congreso hace casi dos años. Por otro lado, el Gobierno ha venido adelantando iniciativas que afectan negativamente el entorno de los fondos privados y sus afiliados. Adicionalmente, estamos a pocas semanas de las elecciones presidenciales, cuyo resultado será clave para el futuro del sistema pensional colombiano.
¿Cómo se ve el panorama del sector en estas circunstancias? ¿Qué puede pasar con los ahorros pensionales de millones de colombianos afiliados a los dos sistemas, el público y el privado? Andrés Velasco, presidente de Asofondos, hace un recorrido por estos y otros temas, y concluye que aún hay mucho trabajo por hacer para resolver los problemas de fondo del sistema pensional colombiano.
¿Cuál es hoy el estado del sistema pensional y de la reforma que aprobó el Congreso?
En este momento estamos esperando qué decide la Corte Constitucional sobre los vicios de forma advertidos en el trámite de la reforma. Mientras llega el fallo, seguimos con el sistema pensional tal como lo conocíamos bajo la Ley 100 y como ha estado vigente durante los últimos 30 años.
Mientras sale ese fallo, sorprende que el Gobierno esté adelantando iniciativas que deterioran las condiciones para los fondos privados y sus afiliados. Empecemos por la reducción del tope de las inversiones que los fondos privados pueden hacer en el exterior. ¿Qué argumenta el Gobierno?
Es un decreto reciente que limita la diversificación de las inversiones, porque supone que faltan recursos para financiar proyectos de inversión en el país. Nosotros tratamos de mostrarle al Gobierno que su diagnóstico no es correcto. La inversión en Colombia está baja, y eso es preocupante, pero no es por falta de ahorro. De hecho, el ahorro pensional ha financiado los proyectos a los que ha habido lugar, de acuerdo con condiciones razonables de rentabilidad y riesgo. El año pasado se quedaron cerca de 11 billones de pesos sobre la mesa porque a los proyectos de inversión les faltaban licencias o eran demasiado riesgosos, o porque los inversionistas prefirieron títulos del Gobierno que estaban rentando al 14 por ciento.
Los colombianos que tienen sus aportes en los fondos privados esperan que estén seguros y que rindan lo más posible. ¿Esta medida del Gobierno afecta esas condiciones?
Así es. Cuando uno mira la historia reciente, los fondos de pensiones en Colombia han dado una rentabilidad promedio efectiva anual de 8,4 por ciento. Es una rentabilidad muy alta, entre las mejores de la Ocde, con un riesgo cercano al 1,3 por ciento. Si uno hace una simulación de lo que habría sucedido invirtiendo solo en un portafolio interno, habría producido cerca de 3,7 por ciento de rentabilidad, es decir, menos de la mitad, y con más del doble de riesgo. Esta medida sin duda va a afectar los bolsillos de los colombianos.
Usted está diciendo algo delicado: que la medida del Gobierno está bajando la rentabilidad de los fondos de pensiones de los colombianos y que además está duplicando su riesgo. ¿Cómo se mide ese riesgo?
Se mide con la variabilidad de la rentabilidad de los activos en los que se invierte el ahorro pensional de los colombianos. Todos los activos tienen una trayectoria y una varianza a lo largo del tiempo, y esa dispersión da una idea del riesgo que corre quien invierte sus recursos. Cuando uno analiza los datos confirma que no estamos hablando de una especulación teórica sino de evidencia empírica.
¿Esa decisión del Gobierno es legal?
Hay, por lo menos, tres aspectos de esa medida que no cuadran. El primero es constitucional. El artículo 48 dice con claridad que los recursos pensionales son para pagar pensiones, pero el Gobierno motiva este decreto diciendo que busca resolver un problema de inversión. Ese objetivo no tiene nada que ver con mejorar las pensiones. Segundo, la Ley 100 les dice a los fondos que su responsabilidad es producir rentabilidad y gestionar el riesgo de los ahorros de los colombianos. Estos recursos no son de los dueños de los fondos, sino del trabajador que sueña con una pensión. Este decreto va contra esa obligación, porque altera drásticamente la rentabilidad y el riesgo. Y tercero, la norma restringe la diversificación y afecta la rentabilidad, pero no ajusta las metas de rentabilidad mínima ni los parámetros regulatorios de los fondos. Eso quiere decir que los afiliados podrían empezar a ver extractos con peores resultados y preguntarse de dónde viene ese deterioro.
¿Quién decide acerca de la legalidad de todo esto?
Algunos ciudadanos ya han presentado demandas. Nosotros, por nuestra parte, acudiremos a las instancias necesarias para defender esos recursos. El Consejo de Estado tendrá que pronunciarse sobre las contradicciones con normas superiores y con otros decretos reglamentarios. Si esta decisión sigue en firme, los colombianos terminarán viendo en sus extractos un deterioro en la calidad de la inversión de su ahorro pensional.
La segunda medida adoptada por el Gobierno en detrimento de los afiliados a los fondos privados combina dos cosas: grandes aumentos del salario mínimo y una reducción de la responsabilidad del Gobierno de cubrir, en materia pensional, el componente discrecional de esos aumentos. ¿Cómo es el enredo?
Imagínese un carro asegurado. La aseguradora calcula la prima sobre las características del carro que usted le mostró. Si a mitad del año usted le pone un turbo y cambia sustancialmente su valor, pero no ajusta la póliza, cuando ocurra un siniestro la aseguradora le dirá que aseguró otro carro. Algo parecido está pasando aquí. Las aseguradoras pagan rentas vitalicias de al menos un salario mínimo a quienes cumplen la edad y las semanas. La prima para asegurar el pago de esas rentas se calcula con base en unas condiciones técnicas que son previsibles: la inflación y la productividad laboral. Pero si el salario mínimo sube no solo por la inflación y la productividad, sino también por una decisión política, alguien tiene que cubrir esa diferencia.
Recuérdenos qué es una renta vitalicia…
Es la modalidad en la cual una persona que cumple las condiciones para pensionarse compra, con su ahorro, una mensualidad vitalicia. La aseguradora asume el compromiso de pagar esa mesada de por vida. Para poder hacerlo, calcula una prima según el valor esperado de esa obligación, sabiendo que el Gobierno tiene la obligación de cubrir cualquier componente político adicional de la misma.
¿Qué cambió con el nuevo decreto?
Que el Gobierno ya no reconoce plenamente el componente discrecional del aumento del salario mínimo. Antes, la aseguradora asumía inflación y productividad, y el Estado cubría el excedente político. Ahora el Gobierno dice que solo pagará una parte de ese componente.
¿Y eso cómo afecta al afiliado?
El costo de pensionarse sube de manera abrupta. Un afiliado que tenía 350 millones de pesos en diciembre del año pasado podía comprar una renta vitalicia de un salario mínimo. Hoy necesitaría cerca de 550 millones para comprar esa misma renta vitalicia. El Gobierno le trasladó al afiliado un costo adicional cercano a 200 millones de pesos.
Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. Foto:Juan David Cuevas. EL TIEMPO
¿El impacto se limita a las rentas vitalicias?
No. Tiene efectos sobre otras variables importantes. La primera es el aseguramiento de invalidez y sobrevivencia. Todos los trabajadores están cubiertos por un seguro que garantiza una pensión mínima si sufren una invalidez permanente o fallecen. Esa prima estaba calculada sobre una obligación que ahora se encarece, y si el Estado no cubre la diferencia, ese seguro queda desfinanciado o se vuelve mucho más costoso. Otro impacto potencial se puede dar sobre las personas que se habían pensionado bajo la modalidad de retiro programado y ya estaban recibiendo una mesada. Como el salario mínimo es una variable central y la regulación exige que las administradoras procuren que el capital ahorrado alcance a financiar la pensión durante toda la vida del pensionado, esas mesadas pueden corregirse a la baja. Y hay un tercer efecto, sobre el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Ese fondo sirve para completar el capital de quienes cumplieron el número de semanas, pero no alcanzan a financiar una pensión mínima con su ahorro. Si las pensiones cuestan más, ese fondo se consume más rápido, lo que genera un riesgo fiscal adicional para todo el sistema.
Los expertos también han manifestado su preocupación por un posible cambio en las reglas para los aportes de personas que estaban en fondos privados y se trasladaron a Colpensiones. Esos capitales permanecen en los fondos privados hasta el momento de la pensión, pero ahora el Gobierno quiere llevar esos recursos a Colpensiones. ¿Eso está vigente?
Todavía no. Es un proyecto de decreto que hemos criticado de manera explícita. Se refiere a una población específica: las personas que, estando a menos de diez años de la pensión, se trasladaron al amparo de la ventana de oportunidad creada en la reforma y mantenida por la Corte.
¿Qué pretende el Gobierno?
Pretende que les transfiramos esos ahorros. Eso es ilegal porque la ley dice que esos recursos deben ahorrarse para financiar pensiones futuras. Si no se ahorran, la deuda con esas personas crece. Estamos hablando de cerca de 25 billones de pesos.
¿Entonces cuál es el riesgo?
Que el Gobierno quiera apropiarse en el corto plazo de esos recursos, que son de los colombianos que pronto se van a pensionar. El borrador de decreto habla de un traslado en 15 días. Si eso ocurre, no solo habría un problema jurídico, sino también financiero. Si el decreto prospera, los fondos tendrían que entregar esos recursos en efectivo, pero están invertidos en fondos conservadores, porque pertenecen a personas en la etapa final de su vida laboral. Liquidar 25 billones de pesos en 15 días sería una suma enorme para el mercado de capitales colombiano. Nos preocupa la protección del ahorro pensional, el impacto macroeconómico y el riesgo de que, cuando las cortes fallen, esa plata ya se haya usado.
En este contexto de cambios normativos, de revisión de la Corte a la reforma pensional y de elecciones próximas, tiene lugar el Congreso de Asofondos. ¿Cuál sería un buen resultado de ese Congreso y cuál sería un escenario desfavorable?
Debemos pensar en el futuro y promover soluciones para los problemas que tenemos. Pase o no pase la reforma en la Corte Constitucional, Colombia necesita una nueva reforma pensional, porque el sistema es insostenible, inequitativo y tiene muy baja cobertura, y la reforma que pasó el Gobierno no resuelve esos problemas.
Un buen resultado del Congreso de Asofondos sería construir un menú de ideas que les sirva al nuevo Gobierno y al nuevo Congreso para emprender esas reformas difíciles pero necesarias. Tarde o temprano habrá que modificar parámetros como la edad de pensión, las semanas de cotización y el monto de los aportes. Un mal resultado sería seguir aplazando esas decisiones mientras se deterioran los incentivos de ahorro y se profundiza la incertidumbre jurídica y regulatoria.
Con tanta incertidumbre en el panorama, ¿usted es optimista o pesimista sobre el futuro del sistema pensional colombiano?
Tenemos que ser optimistas. Ningún país puede darse el lujo de ser pesimista frente a su sistema pensional, porque eso sería renunciar a la posibilidad de vivir con dignidad el tercer tiempo de la vida, que hoy es el más largo. Tenemos la obligación de poner soluciones sobre la mesa y de trabajar para que el país tenga un sistema pensional viable y justo.
MAURICIO REINA
Especial para EL TIEMPO
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